Por su diversidad geográfica, por su ubicación estratégica en “la mejor esquina de América”, y por constituirse como un corredor fundamental para el dominio del país, para el acceso a los dos mares y para el paso de todo tipo de materiales, legales e ilegales, la región noroccidental ha sido escenario de disputa y conflicto violento, y lugar clave para la construcción política y económica de la nación.

En 1968, el EPL inició acciones militares en el departamento de Córdoba, con el fin de promover y apoyar la lucha que se venía gestando en el campesinado –sobre todo el que estaba organizado en la ANUC– contra los terratenientes, quienes buscaban expandir sus estructuras por gran parte del territorio cordobés y antioqueño.

El EPL no concibió diferencias entre lo militar y lo político durante los años setenta. A través del PCdeC-ML vinculaban a sindicalistas y cuadros políticos que transitaban hacia la insurgencia mediante una pre-militancia que consistía en hacer labores como cualquier trabajador agrícola, a la vez que realizaban allí labores clandestinas de proselitismo y presión armada.

La operación Anorí del Ejército empezó el 7 de agosto y se extendió por 42 días con un saldo de 33 guerrilleros muertos y 30 capturados. Esta derrota militar truncó las aspiraciones del ELN de controlar el Nudo de Paramillo, considerado una posición estratégica para el despliegue armamentista.

La postura del EPL consistía en pelear contra todo lo que “sonara a sistema”. Los guerrilleros realizaron acciones en apoyo a las huelgas de los trabajadores bananeros, lo que trajo graves consecuencias para el movimiento sindical. Esto implicó que las élites locales y el Estado asociaran sindicalismo con comunismo, y que se generara una fuerte represión por parte del Ejército a huelgas posteriores.

A partir del trabajo político y militar las guerrillas establecieron formas de interacción con las comunidades rurales, a través de incidencia en Juntas de Acción Comunal, trabajo de masas y un componente pedagógico. También se impusieron formas de control de las economías locales.

La guerra sucia contra movimientos sociales y políticos y contra la población civil estuvieron determinadas por las alianzas entre agentes del Estado y hacendados, terratenientes y empresarios. Se establecieron grupos de seguridad privada ilegal, en connivencia con la fuerza pública, para proteger a las élites locales y para la “pacificación de la región”, con lo que se configuró una primera ola de paramilitarismo.