El Canal Atrato-Truandó es el nombre que se le dio al intento de canalizar los ríos Atrato y Truandó, al comunicarlos con la costa pacífica colombiana, a través de la Serranía del Baudó. Esta hidrovía, de 28 m de profundidad, 150 m de ancho y 140 km de longitud, iba a permitir un paso interoceánico para el país, entre Tarena (en el golfo de Urabá sobre el Caribe) y Curiche (en bahía Humboldt sobre el Pacífico colombiano). Dicho canal sería más competitivo que el de Panamá por ser a nivel y de mayor capacidad; al menos esa era la esperanza de todos los que hicieron esfuerzos para lograr su construcción.
El río Atrato se encuentra entre la cordillera Occidental y la serranía del Baudó (sierra del Pacífico colombiano y de Panamá, en cuyo valle se encuentran los municipios de Bojayá, Medio Atrato, Murindó, Vigía del Fuerte y Quibdó). Es la principal vía navegable del Chocó, con 750 km de longitud. Este río nace en los farallones del Citará y muere en el golfo de Urabá. Recibe más de 150 ríos y 200 quebradas.
Por su parte, el río Truandó es un afluente del río Atrato y nace en la serranía del Baudó. Mide 120 km y recibe numerosos ríos y algunos taponamientos que requieren ser tratados para habilitar su completa navegación.
Entre los múltiples intentos que se llevaron a cabo para lograr su construcción destacan los siguientes: en 1964 y durante el Gobierno de Guillermo León Valencia, el ministro de obras públicas Tomás Castrillón presentó al congreso la Ley 50, en la cual autorizaba al Gobierno de Colombia, durante cinco años, a elaborar estudios de factibilidad técnica y económica para un canal interoceánico por la hoya del río Atrato y a través de la serranía del Baudó. Sin embargo, esta ley quedó sin efecto por haberse cumplido el período de autorización.
Más tarde, en 1966, una comisión de estudios norteamericana presentó un proyecto conocido como el Plan de los Dos Grandes Lagos, utilizando el embalse del Atrato y del San Juan. Luego de este otro esfuerzo, que no tuvo mayores repercusiones, se creó la Ley 53 del 28 de diciembre de 1984, que ordenó la construcción del canal Atrato-Truandó, dándole facultades al presidente de la República por cuatro años para acelerar las acciones para la construcción de la obra, que nunca se llevó a cabo.
A pesar de que este canal nunca fue llevado a cabo, los estudios realizados y la posibilidad de su construcción sí generaron una serie de desplazamientos y abusos por parte de instituciones como el Inderena. Estos movimientos llevaron a la pérdida de tierras, hogares, y lugares de cacería y cultivo para los pueblos indígenas y comunidades negras en la región.
*Imagen tomada de https://bibliotecas.unal.edu.co/