Como consecuencia del proceso de organización de este periodo, sectores como los hacendados, terratenientes, ricos rurales –como el gremio de productores de banano conocido como Augura, conformado en 1963, y la Sociedad de Agricultores de Colombia (SAC)–, y fuerzas políticas que se oponían a nuevas formas organizativas e ideológicas, demandaron al Estado mecanismos para contener la avanzada social, a través de la provisión de seguridad privada.
Muy pronto, las demandas de seguridad privada repercutieron en la conformación de grupos de seguridad ilegales. La articulación entre facciones autoritarias de agentes del Estado y terceros civiles desató modalidades de violencia sobre el campesinado, las comunidades étnicas y los movimientos sociales: amenazas, perfilamientos, asesinatos, quemas de vivienda, destrucción de cultivos en las zonas rurales, desapariciones forzadas, detenciones arbitrarias y desplazamientos forzados. El objetivo era apropiarse de tierras, ciénagas y ríos, y también desestabilizar y amedrentar las demandas sindicales de los trabajadores.