Estas son las principales cifras y datos sobre los procesos de escucha y la información recibida por la Comisión, que sirvieron de insumo para el proceso de esclarecimiento y los análisis cualitativos y cuantitativos (estadísticos) para la elaboración del Informe Final.
La Comisión escuchó a 28.580 personas que contribuyeron con el proceso de esclarecimiento mediante la toma de 14.971 entrevistas, y que dejaron invaluables aportes a la construcción de memoria colectiva. De acuerdo con la tipología de las entrevistas, se encontró que se realizaron 13.725 ejercicios de entrevista individual (misma cantidad de personas escuchadas), y 1.246 ejercicios colectivos, en los que se escucharon a 14.855 personas.
En función del sector de identificación del entrevistado (sin tomar en cuenta las entrevistas que no identificaron sector), se observó que las comunidades indígenas y afrocolombianas (Afrocolombianos, Negros, Raizales, Palenqueros y Rrom) fueron las más escuchadas, seguido por los campesinos, las organizaciones de víctimas, y los líderes defensores de derechos humanos y otros comunitarios, en donde se concentra el 74% de las personas que aportaron con sus relatos al proceso de esclarecimiento.
Escucha activa y plural (entrevistas 2018 - 2022 Comisión de la Verdad)
Dado el principio de centralidad en las víctimas con énfasis en el despliegue territorial, la Comisión recogió testimonios a lo largo de todo el territorio nacional. También realizó un importante trabajo por incorporar a los procesos de esclarecimiento la escucha de las víctimas del conflicto en el exilio (ejercicio de escucha por la macro internacional) en 27 países. Gracias a los aportes, cooperación y esfuerzos conjuntos de la Comisión con varios aliados y voluntarios nacionales e internacionales, y de acuerdo con la distribución territorial definida por la Comisión para su despliegue territorial, la macro territorial en donde mayor cantidad de entrevistas se realizaron fue la Surandina, seguida de las macro Antioquia y Eje cafetero, Internacional y Centroandina.
Adicionalmente, Bogotá fue una de las tres zonas donde mayor cantidad de personas brindaron su testimonio, y la macro internacional fue la segunda donde más entrevistas se realizaron y una en las que la mayor cantidad de personas escuchó.
Entrevistas
Los casos e informes brindaron a la Comisión información relacionada con la descripción y análisis de hechos de violencia individuales o colectivos que implican violaciones de derechos humanos e infracciones al Derecho Internacional Humanitario, contexto, recomendaciones u otros temas de profundización en relación con el conflicto armado. Desde el inicio del mandato hasta 2022, la Comisión recibió 443 documentos que incluyen 739 casos y 1236 informes.
Informes y Casos
Respecto a la autoría de informes, el 16.4% fueron de Organizaciones de la sociedad civil, seguido por 14,1% de Personas naturales y 11.3% de Organizaciones No Gubernamentales (ONG). En cuanto a casos, 39,5% correspondieron a Organizaciones No Gubernamentales (ONG), 16,7% a Organizaciones de Víctimas y 13,1% a Organizaciones LGBTIQ. Frente a los informes remitidos, luego de las Instituciones Estatales (30,3%)[1], las Organizaciones de la sociedad civil (12,2%), seguidas por las Organizaciones No Gubernamentales - ONG fueron el sector con mayor número de aportes (11,8%). En relación con los casos remitidos, las Organizaciones No Gubernamentales - ONG constituyeron el sector con mayor cantidad de información (36,6%), seguidas por las organizaciones de la sociedad civil (19,7%) y las organizaciones de víctimas (16,7%).
En cuanto a la cobertura geográfica, los casos e informes recibidos tuvieron un alcance a nivel nacional de 33 departamentos; y a nivel internacional, con países como Alemania, Ecuador, Venezuela, Panamá, Argentina, Chile, Brasil, Bélgica, Canadá, Estados Unidos, Costa Rica, España, Francia, Holanda, Suecia. Antioquia, Bolívar, Sucre, Cauca, Cesar, Norte de Santander, Valle del Cauca, Meta y Nariño fueron los departamentos comúnmente mencionados en los casos e informes presentados, representando un aporte importante para identificar dónde se cometieron las violaciones a los derechos humanos y las infracciones al DIH, teniendo en cuenta las respectivas dinámicas territoriales.
[1] En gran parte, esta cifra se debe a la información remitida desde la Jurisdicción Especial para la Paz - JEP. Los aportes provenientes de la JEP se componen de informes presentados por distintos tipos de organizaciones, instituciones y personas.
Desde el inicio del mandato de la Comisión al 31 de julio de 2022, en el proceso de Fuentes de Archivo externas - FAE, se acopiaron y dispusieron para consulta en el buscador 2.453.980 recursos, correspondientes a 214 colecciones de información de más de 68 entidades. En total, para el año 2022, se recibieron 74 entregas de archivo entre colecciones nuevas y actualizaciones de colecciones ya existentes.
Se acopiaron un total de 561 bases de datos de 148 organizaciones, las cuales surtieron un proceso de anonimización y disposición para su utilización en los diferentes ejercicios estadísticos y de consulta, lo que permitió contar con datos estructurados contrastables y de temáticas diversas.
Luz de la Noche es una serie de podcasts de la Comisión de la Verdad inspirada en testimonios reales de víctimas y responsables del conflicto armado colombiano. Estos son algunos de los datos relevantes sobre las temáticas que se abordan en los episodios (desplazamiento, despojo de tierras y restitución, reclutamiento forzado, violencia contra las mujeres, impactos del conflicto en las universidades).
En 1999, en una vereda del Tolima, una guerrillera que rompió las reglas de las filas al parir, le entrega su bebé recién nacida a una mujer campesina y le ordena cuidarla. Doce años después, el Estado inicia una persecución en contra de la campesina y la acusa de ser colaboradora de las FARC-EP por haber criado a la niña como suya. Que la confrontación armada haya tenido lugar con mayor frecuencia en zonas rurales y regiones alejadas, hace que las personas que las habitan, en especial el campesinado, una de las principales víctimas del conflicto armado en nuestro país.
Tras enterarse de que el grupo armado que asesinó a su padre años atrás está planeando secuestrarlo, un médico tiene que preparar la huida de su pueblo natal con toda su familia y enfrentar las graves consecuencias del desarraigo y el desplazamiento. De acuerdo con el informe "Una nación desplazada" del Centro Nacional de Memoria Histórica, en Colombia hay más de seis millones de personas que han sido víctimas de desplazamiento forzado, ¿pero sabes cómo puede afectar este hecho la salud mental de quienes lo viven? Este es el tema de nuestro segundo episodio.
El 2 de mayo de 2002 un enfrentamiento entre paramilitares y guerrilleros de las Farc-EP cambió para siempre la vida de los habitantes de Bellavista en Chocó. La masacre no solo dejó casi un centenar de muertos sino que dio inicio a un éxodo de personas que, como María, tuvieron que abandonar su territorio para escapar del dolor y la guerra. Este es un fragmento de una carta que fue escrita y firmada por toda la comunidad de Bellavista, Chocó, el 12 de septiembre de 1999 en una jornada de reflexión por la Vida y por la paz. Copias de este documento fueron enviadas, entre otros, a la Defensoría del Pueblo nacional y departamental, a comandos de Policía, al Procurador nacional y departamental, a la Cruz Roja Internacional, y a los comandos centrales de: las FARC, ELN y Paramilitares.
Sin embargo, estos clamores no evitaron que 2 años y medio después, un cilindro bomba lanzado por las FARC - EP en un enfrentamiento con grupos paramilitares, acabara con la vida de aproximadamente 80 miembros de su comunidad.
Gabriela, una defensora de derecho humanos caleña, detalla los episodios de tortura y violencia sexual que sufrió durante 7 días en un batallón del Ejército, antes se presentada, junto a sus compañeros, como integrantes de una desmantelada célula urbana del ELN en un montaje mediático. Según la Organización Internacional del Trabajo, Colombia es el país en América Latina con la menor cantidad de organizaciones de trabajadores y además uno de los más peligrosos en el mundo para ser sindicalista, esto se debe, en gran medida, a la proliferación de la violencia y la tortura como métodos de control antisindical.
Pedro, el hijo de un latonero que arreglaba los carros de la fuerza pública en un pueblo del Huila, es asesinado luego de que un amigo de la familia les avisara que debía escapar pronto porque su nombre hacía parte de la lista de objetivos de un grupo paramilitar de la región. Los múltiples y diversos fenómenos de privatización de la violencia y la seguridad en Colombia permitieron la proliferación de grupos paramilitares que, posteriormente, tuvieron un papel protagónico en el desarrollo del conflicto armado y se convirtieron en uno de los actores más temidos de este. Esclarecer y reconocer las causas, orígenes, acciones e impactos de estos grupos ilegales hace parte de las tareas de la Comisión de la Verdad.
Un grupo de hombres baja de un carro al esposo de Margarita, y lo desaparecen sin dejar rastro alguno. Después de años de búsqueda sin respuesta, ella decide seguir con su vida y formar un nuevo hogar, pero el conflicto armado en su nuevo pueblo deshace pronto su ilusión de empezar de cero. La desaparición forzada continúa siendo un reto difícil de resolver en Colombia, ya que se trata de un delito cuya intención o modo de ejecución pretende el “ocultamiento de los cuerpos” y esto deriva en un alto subregistro de casos y víctimas. La violencia ejercida a partir de este fenómeno es capaz de producir terror, causar sufrimiento prolongado, alterar la vida de familias por generaciones y paralizar a comunidades y sociedades enteras.
Un joven es reclutado por el Ejército Nacional, pero a pocos días de culminar su servicio militar es secuestrado por las FARC-EP y se convierte en rehén por más de 5 años. Después de ser liberado su vida da un giro inesperado debido a los tratamientos psiquiátricos y problemas de adicción. El secuestro ha sido uno de los mecanismos más usados en Colombia como herramienta de prolongación de la guerra. Esta práctica, que se empezó a generalizar desde la década del 70, alcanzó su pico máximo entre 1999 y 2002.
Gerardo, un desmovilizado de las AUC, habla de cómo ser una víctima del conflicto lo llevó a sumarse a las filas paramilitares y del daño que causó como miembro de este grupo armado en el que llegó a ser el segundo al mando. No basta con dejar las armas para que los ex miembros de los grupos armados ilegales inicien su proceso de reincorporación a la sociedad civil. Para lograrlo es necesario hacer un proceso de reintegración que contemple su situación personal, familiar y de salud, que acompañe su formación académica y productiva, y que garantice su derecho a la ciudadanía, a la seguridad y a tener un entorno donde exista un fortalecimiento del tejido social para la reconciliación y la convivencia.
La menor de un grupo de 11 hijos relata lo inhumano que ha sido el conflicto armado con su familia; reclutamiento forzado, muertes y hostigamiento son apenas algunos de los vejámenes que sufrieron y de los que fueron víctimas tanto ellos como su madre. De los nueve millones de personas reconocidas como víctimas por la Unidad para las Víctimas en Colombia, más de tres millones se encuentran entre las edades de 12 a 28 años. De ahí, la relevancia e importancia de amplificar las voces e ideas de los jóvenes para permitirles expresar su opinión frente al valor de la verdad y la labor de esclarecimiento de la Comisión de la Verdad, que permite reconocer la difícil situación que han tenido que afrontar debido a los contextos de vulnerabilidad en los que crecen.
Las vidas de Marcos y Vela se cruzan cuando uno está prestando su servicio militar y el otro es detenido por paramilitares y entregado al Ejército Nacional para ser ejecutado extrajudicialmente. El soldado barranquillero relata cómo, después de más de 15 años, aún no ha podido superar la primera ejecución de la que fue testigo. Uno de los hechos que más evidencia la magnitud del conflicto armado colombiano es el fenómeno de las ejecuciones extrajudiciales, conocidas popularmente como “falsos positivos”. Las víctimas de este crimen de lesa humanidad eran seleccionadas en función de su vulnerabilidad económica para garantizar la impunidad, pues se asumía que los eventuales reclamos frente a estos hechos no prosperarían.
Un camión varado con un grupo de paramilitares a bordo le da la posibilidad a los miembros de un caserío en el Guaviare de escapar del peligro en medio de la noche. Un campesino narra cómo lideró la huida de varias familias y junto a ellos se refugió en la selva, de las confrontaciones entre las Farc-EP y las AUC. Como resultado de diversos patrones de violencia en Colombia, más de ocho millones de personas se han visto forzadas a desplazarse dentro y fuera del territorio nacional, abandonando sus hogares, sus bienes y sus tierras, y sufriendo la ruptura del tejido de sus actividades familiares, políticas, económicas, recreativas, religiosas y culturales.
Una mujer relata la forma en las FARC-EP asesinaron a su herma y cómo las dinámicas de la guerra fueron transformando su entorno. En los relatos de las mujeres víctimas del conflicto armado colombiano aparecen de manera recurrente experiencias de violencia física, psicológica y sexual que comportan pérdidas, abandonos, confusión, inseguridades, miedo, humillaciones, violación y torturas.
Raúl, un periodista bogotano que en su juventud ejerció un liderazgo estudiantil en la Universidad Nacional, cuenta cómo fue testigo del inicio de la infiltración paramilitar en la universidad pública y cómo iniciaron las persecuciones y asesinatos sistemáticos a líderes estudiantiles. Las universidades colombianas y los sectores sociales y políticos que las habitan no han sido ajenos a la violencia del conflicto armado. Durante décadas, estudiantes, docentes y trabajadores han vivido en carne propia los ataques por estigmatización, la persecución de distintos grupos armados y del Estado, e incluso la pérdida de cientos de miembros de su comunidad.
Tras el asesinato de su padre, la menor de 4 hijos empieza un recorrido que a los 10 años la llevará de la casa de sus hermanos y primos a las filas de las FARC-EP. Esta es la historia de cómo fue su vida en las filas y lo que implicaba ser una mujer en la guerrilla. El reclutamiento forzado es uno de los delitos con más altos niveles de impunidad en el conflicto colombiano. Durante más de 5 décadas, niños, niñas y adolescentes han sido utilizados como un instrumento de guerra.
En este episodio se exploran las consecuencias del despojo de tierras a través del relato de Dolores, una mujer a la que una poderosa familia desalojó de su predio junto a sus hijos y a su comunidad. ¿De quién es la tierra en Colombia? La distribución equitativa de la tierra es una deuda histórica con el campo colombiano, que se agudizó durante el conflicto armado. Millones de campesinos fueron obligados a dejar sus tierras pues estas se convertían en parte de la disputa territorial entre grupos armados.
Fuentes de Información: Dirección de Conocimiento (Equipo de Analitica de Datos, Equipo de Monitoreo, Sistema de Información Misional) a partir de datos y Fuentes Internas, Fuentes de Archivo Externas, Informes, Casos, Proyectos Especiales, entre otros.