Si Colombia hervía en los años 70, Barrancabermeja fue su punto de ebullición. Desde la entraña de los comités barriales de la ciudad surgió la fuerza de la organización popular que orquestó los grandes procesos de movilización social del siglo XX en el país.

En este entramado, el “petrolero”, afiliado de la Unión Sindical Obrera (USO), se convirtió en un mediador para tramitar las demandas entre los comités barriales y el Estado o Ecopetrol, y un en un socio estratégico para la articulación de luchas en la región.

El paro cívico de 1975 marcó un hito en lo que se refiere a los procesos de movilización social en la región. Entre los días 10 y 12 de febrero, la USO y la organización popular de Barrancabermeja se fusionaron para bloquear la región y exigir mejores condiciones de vida para los habitantes de la ciudad.

La primera acción consistió en bloquear la salida y entrada de Barrancabermeja tomándose el sector conocido como “As de Copas”. Después de un enfrentamiento con la Fuerza Pública, los manifestantes acordaron con el comandante de la Quinta Brigada la retirada del Ejército y el acuartelamiento de la Policía. Con esta primera victoria se reforzaron las posiciones del movimiento que cerró el paro con una multitudinaria manifestación cuando el gobierno aceptó dialogar.

El sacerdote y líder pastoral Eduardo Díaz, en una entrevista posterior, describió que los tres días “rodaron como si hubiera sido Semana Santa completamente paralizado todo, pero en completa paz”.

La vinculación de la USO a estas reivindicaciones fortalecidas con su apoyo al paro, significaron un punto de unión, un acople, cuya fuerza se sintió en el paro cívico del 1977. El 25 de agosto, los sindicalistas protestaron contra lo que consideraban como el desmantelamiento de Ecopetrol, por la cesión de parte de sus activos, incluyendo la refinería, a multinacionales de los Estados Unidos.

Paro Cívico de 1977. Foto: Archivo Particular.

La huelga, levantada después de 67 días, se conectó con el paro cívico nacional del 14 de septiembre y consolidó a Barrancabermeja como una especie de crisol de los movimientos sociales en Colombia

Durante los dos meses que duró la protesta, el régimen del militar de la alcaldía impuso el toque de queda desde las seis de la tarde y soldados allanaron las casas de cientos de sindicalistas.

No obstante, y a pesar de los 217 despidos de trabajadores de Ecopetrol, la huelga de 1977 constituyó un punto de quiebre que en los extremos del espectro político fue leído en dos sentidos: el establecimiento lo entendió como la inminencia del triunfo del comunismo, mientras que la izquierda política y armada lo asumió como el oxígeno que faltaba para emprender la conquista del poder. De la primera lectura nace el llamado Estatuto de Seguridad del gobierno Turbay; de la segunda, la radicalización de la lucha armada por parte de las guerrillas.

A finales de los años setenta, integrantes del ELN y del M-19, y partidos políticos como la ANAPO Socialista y el MRL, primero, y luego el Frente de Izquierda Liberal Auténtico –FILA-, se sumaron a procesos de auto pavimentación, construcción de parques, puentes y demanda de servicios como acueducto y electricidad en Bacarranbermeja.

“¿Qué hacen los jefes de la insurgencia?, ponen a su muchachada a liderar muchos de esos procesos, a cooperar mucho con esos procesos y se ponen a tirar pico y pala con la gente, y se ponen a redactar las cartas o los oficios para enviar a Ecopetrol, para enviar a la alcaldía, para enviar al senador, para enviar al gobernador, solicitando X, Y, Z”, relató a la Comisión un ex integrante del M-19.

La apuesta política por el trabajo social en los barrios marginalizados cultivó entre los militantes de las insurgencias una especie de “romanticismo guerrillero”. De hecho, la ANAPO Socialista surgió en 1976 como plataforma política del M-19, y el Frente de Izquierda Liberal Auténtico (FILA) construyó buena parte de su base electoral desde 1977 con un intenso trabajo en las zonas de invasión de Barranca, acompañando procesos de defensa jurídica a líderes sindicales y campesinos, y gestionando la legalización de terrenos y viviendas.

El caso de la Unión Nacional de Oposición (UNO) tiene particularidades en el ámbito político del Magdalena Medio. Su primera participación en elecciones locales fue en 1974, dos años después de surgir como una plataforma que aglutinaba al Partido Comunista (PC), El Movimiento Obrero Independiente y Revolucionario (MOIR), y el Movimiento Amplio Colombiano (MAC).

Los triunfos electorales más importantes de la UNO ocurrieron en las elecciones municipales de 1976, 1978 y 1980. La elección de varios concejales constrastó con la persecusión y asesinato de los principales líderes del movimiento en municipios como Cimitarra, Puerto Boyacá, Puerto Berrío y Sabana de Torres acusados de ser instrumento político de las FARC.

La UNO cosechó importantes víctorias electorales en la región.

No obstante, las discusiones por la opción armada para la obtención del poder también se llevaron a cabo en varios movimientos políticos de la región. Algunos miembros de ANAPO socialista, la UNO, el MOIR, el Partido Comunista (PC) y las Juventudes Comunistas (JUCO) se vincularon a las guerrillas del ELN, el M-19, el EPL y las FARC. Desde ahí mantenían participación clandestina en organizaciones sindicales como FEDEPETROL, la USO y otros sindicatos como los Palmeros del Sur del Cesar, los sindicatos de cementos que se organizaron en la Federación Nacional de Trabajadores de la Construcción (FENALTRACONCEM), que dio paso al Sindicato Unitario de Trabajadores de la Industria de los materiales de la Construcción (SUTIMAC).

Sobre estos entramados, un sindicalista de la época relató a la Comisión que esta situación desató una persecución, entonces los dirigentes de la USO: “Son expuestos como comunistas a golpear o como vínculos de la guerrilla. Entonces, la primera persecución sindical era la sanción, expulsándolo, o botándolo”. 

Los daños que significó para la USO ese periodo no fueron pocos. La acusación como sindicato instrumental de la lucha armada guerrillera, principalmente del ELN, se concretó en detenciones y juicios masivos que se agudizaron en los tiempos de los paros de 1971, 1975 y 1977. Los 36 huelguistas condenados en el consejo verbal de guerra de 1971, incluyendo toda la dirigencia de la USO, sentenciados en total a 286 años de cárcel; y los 217 trabajadores despedidos en la huelga de 1977, son un pálido reflejo de lo que implicó el inicio de esa persecución y estigmatización que seguiría escalando en los años siguientes.

Pero los fusiles no acallaron el grito de lucha. En 1983, Barrancabermeja consolidó su proceso organizativo de participación con la creación de la Coordinadora Popular, máximo rector del movimiento social en la ciudad. La organización se caracterizó por su poder de convocatoria y de coordinación intersectorial durante el paro cívico del 13 de abril y por ayudar a dirimir los conflictos en el puerto petrolero. También logró influir en el orden social de la ciudad y en las decisiones que afecten a la población.

Hija de los paros cívicos, la vida de la Coordinadora Popular se mantuvo tan agitada como su origen. El comité de crisis debió sortear la atención a la población desplazada producto de la arremetida paramilitar en el sur del Magdalena Medio. Para ello, acondicionaron albergues para recibir, en enero de 1984, a comunidades pescadoras y agricultoras de la ciénaga de Barbacoas en Yondó, Caño Baúl, La Corcovada y Vuelta Acuña, en Cimitarra.

De este modo, continuó llegando población desplazada no solo del sur del Magdalena Medio, sino también de municipios como San Pablo, Puerto Wilches, Yondó, Morales, Simacota, y la región del Carare y el Opón. Entre 1984 y 1985, la población creció un 22% al pasar de 126.685 a 156.917 habitantes, que ensancharon las periferias de la ciudad.

De tal manera que entre el paro y el movimiento cívico surgido desde 1975 y la creación y afianzamiento de la Coordinadora Popular, Barrancabermeja cerró una especie de ciclo de gran fortaleza organizativa. Consolidó su vocación libertaria bajo principios de lucha por los derechos en los que fue protagonista el movimiento obrero y sindical liderado por la USO, pero también la pastoral social y el creciente protagonismo de la OFP desde la organización popular barranqueña.

En el paisaje de Barrancabermeja, la frontera urbana que no estaba limitada por el río Magdalena, era un cinturón permanente de tierra colorada. Un pulular de ranchos de madera desperdigados entre caminos sinuosos, iban dando paso, con los días, a calles, canchas y casetas. Los trazos se iban definiendo, lo mismo que los lotes. El resto lo hacían, el pico, la pala y el cemento. Esta era la secuencia repetida del crecimiento urbano del puerto petrolero del centro a la periferia.

La transformación de la ciudad también implicó nuevas dinámicas de segregación. La llamada “Mano Negra” fue una una forma de denominación genérica a agentes del Estado o sicarios a su servicio en organismos de seguridad como el DAS o el F2, que ejecutaban la mal llamada “limpieza social” en las zonas más vulnerables del territorio.

“Del puente para allá éramos los malos y del puente para acá eran los buenos. No nos daban crédito en los bancos, no nos reconocían, o sea, no teníamos absolutamente nada porque todos los que vivíamos para allá, todos éramos de la subversión”, manifestó a la Comisión una lideresa social, habitante de la comuna Siete.

Los ejercicios de escucha permiten a la Comisión establecer que guerrillas como el ELN, el M-19, el EPL y las FARC acompañaron y se anclaron en esa dinámica cívica de creación de los barrios de las comunas nororientales y surorientales en Barrancabermeja entre 1975 y mediados de los años 90. Gran parte de este trabajo fue realizado por jóvenes estudiantes que fueron coptados por los grupos armados.

En un primer periodo, que podría situarse entre 1975 y 1986, predominan el ELN, el M-19 y el EPL mediante una presencia clandestina incorporada a las luchas cívicas y a la organización comunitaria por necesidades de los barrios, especialmente de vivienda y servicios públicos.

La presencia urbana del ELN, producto de su mismo crecimiento con el frente Cristóbal Uribe entre Bucaramanga y Barrancabermeja, aumentó a partir de 1986. Posteriormente surge el Frente Urbano Resistencia Yariguíes-FURY- y el Frente Capitán Parmenio, los más activos en el puerto petrolero en este periodo.

La expansión de las FARC se dió con milicianos del frente 24 de manera más clandestina, y en 1987 se consolidó la creación de la Coordinadora Guerrillera Simón Bolívar-CGSB, que buscó agrupar a todas estas guerrillas en una plataforma de unificación de luchas. Sin embargo, en Barrancabermeja esa coordinación se estrellaba por la diferencia de criterios entre el manejo militar y político con la que se debía actuar frente a una situación concreta, por ejemplo cuando se consideraba el ajusticiamiento de un habitante del barrio por ser ladrón, drogadicto o supuesto informante.

A partir de 1988, en el marco de la Coordinadora Guerrillera Simón Bolívar (CGSB), las FARC abandona la clandestinidad y empieza a ejercer control social en las comunas: implantan toques de queda, restricciones de ingreso a los barrios, aparecen los “comandantes” incidiendo en la vida civil y cotidiana; también amplían el reclutamiento de jóvenes, incluso por medio de charlas en las escuelas.

El reclutamiento por parte de las guerrillas de jóvenes sin mayor preparación política y que fungían como milicianos o, incluso, comandantes, generó conductas de “indisciplina”. En algunas ocasiones la guerrilla del ELN y las FARC-EP realizaron “purgas internas”, “ajusticiaron” a comandantes por cometer actos de indisciplina y abusos contra la población civil como extorsiones, venganzas personales por celos, cobros de deudas, robo de “raciones”, entre otros.

Las guerras entre guerrillas y las “purgas internas” ocasionaron deserciones hacia las AUSAC y el BCB por ofertas económicas, protección y poder, lo que facilitó la toma paramilitar de Barrancabermeja.

El plan para exterminar a la USO

El asesinato del dirigente de la USO y líder social Manuel Gustavo Chacón en enero de 1988, el marco el inicio de una andanada de crímenes con las que se buscó doblegar la resistencia del principal actor del movimiento social de Barrancabermeja, principal obstáculo para un proceso de privatización de Ecopetrol que se venía intentando desde mediados de los años 70.

Detrás del plan de exterminio contra la USO y sus aliados en el territorio estuvieron los denominados masetos (MAS: Muerte A Secuestradores) y la Red de Inteligencia de la Armada No. 7. En el periodo entre 1988 y 1993 fueron asesinados 71 de sus miembros. Los años más violentos fueron 1992 con 19 asesinatos, 1991 con 17 homicidios y 1988 con 14, dentro de un total de 106 asesinatos entre 1987 a 2001.

A partir de 1991, con la ley que implantó la llamada justicia sin rostro, comenzó la judicialización de miembros de la USO. Fueron 30 sindicalistas, varios de ellos dirigentes, que pasaron por las cárceles, casi siempre acusados de vínculos con los grupos guerrilleros.

La irrigación de los recursos del petróleo a la financiación del proyecto militar y político de las guerrillas en Barrancabermeja ocurrió en varias modalidades: desde la exigencia a los contratistas y a las empresas por obras comunitarias hasta la extorsión directa.

En este contexto, una de las maneras de extorsión más utilizadas por los actores armados con los contratistas y con la misma empresa fue el “clientelismo armado”, consistente en exigir cuotas de personal con listas que los grupos entregaban o por medio de juntas de acción comunal en la que ejercían influencia. En el ejercicio de escucha de la comisión se pudo constatar que esta práctica fue ejercida tanto por la insurgencia armada como por el paramilitarismo.

La extorsión más directa consistía en la exigencia a los contratistas de una cantidad de dinero o un porcentaje del contrato. La coerción iva acompañada de repertorios como la amenaza, el desplazamiento, incluso la tortura y el asesinato. A partir de información recibida por la Comisión de contratistas de Ecopetrol, se mencionan 13 casos de contratistas que fueron víctimas de esta cooptación de rentas por parte de los actores armados.

La aplicación de la estrategia de “quitarle el agua al pez” tan pregonada por Pablo Guarín, principal líder político del modelo paramilitar de Puerto Boyacá, significó restarle apoyo social, político y financiero a la guerrilla y esto implicó en Barrancabermeja la economía del petróleo, así como la dosificación del terror. Dicha estrategia se basó en acciones como restarle apoyo de la población o socavar su base social mediante la amenaza, el homicidio selectivo, la desaparición forzada, las masacres, el desplazamiento, lo que incluyó la estigmatización y persecución del liderazgo político y social de las zonas de influencia guerrillera por considerarlo sustrato directo del proyecto insurgente.

De acuerdo con informes entregados a La Comisión y al ejercicio de escucha, uno de los hallazgos más importantes es que miembros de este programa del Plan de seguridad industrial (PRI), creado por Ecopetrol para proteger la seguridad de la empresa, mantuvieron coordinación con grupos paramilitares por intermedio del Ejército y la Armada para atacar a sindicalistas de la USO, defensores de derechos humanos y a otros líderes del movimiento social al que consideraban una amenaza para la seguridad de la empresa por sus presuntos vínculos con la guerrilla.

El asedio y toma de Barrancabermeja tuvo dos elementos adicionales que lo propiciaron: el cansancio de la población con los excesos de la guerrilla y las disputas internas. Tales discordias, que escalaron en violencia, tuvieron más que ver con corrupción interna por el manejo y control de los recursos y con venganzas personales que con factores ideológicos u operativos. Dentro de los abusos de la guerrilla más recordados estaba lo que denominaron el “decomiso de motos” por parte de la insurgencia.

La toma paramilitar

En la primera etapa de incursión militar en la ciudad, entre 1996-2001, los paramilitares de las AUSAC aprovecharon el “cansancio” de la población civil ante los constantes abusos de las insurgencias para ejecutar una gran cantidad de asesinatos selectivos a comandantes guerrilleros y ahondar la situación de enfrentamientos internos entre los grupos armados.

Así mismo, dentro de las alianzas ya afianzadas entre la Fuerza Pública y los paramilitares, en Barrancabermeja se le sumó la relación con la red de la Armada 07 y luego con la Subdirección de seguridad de la refinería de Ecopetrol que cumplió un papel como promotor y determinador de algunas masacres. Tal es el caso del ex-capitán del Ejército José Eduardo González Sánchez, alias “Mauricio”, subjefe de seguridad de la refinería de Ecopetrol entre los años 1998 y 2000, acusado por la fiscalía como autor intelectual y promotor de las masacres del 16 de mayo de 1998 y la del 29 de febrero de 1999 en Barrancabermeja. González perteneció al bloque Lanceros de Vélez y de Boyacá bajo el alias de Enrique o El Ingeniero.

El caso más emblemático del proceso de la llamada toma paramilitar de Barrancabermeja lo constituye la masacre ocurrida el 16 de mayo de 1998 en varios barrios de la comuna Siete. En su recorrido las AUSAC asesinaron 7 personas y 25 más desaparecieron forzadamente.

Según declaraciones de Mario Jaimes Mejia, alias “Panadero”, y Fremio Sánchez Carreño, alias “Esteban”, esta masacre fue planificada desde 1997 en reuniones facilitadas por el entonces subjefe de seguridad de Ecopetrol, donde se coordinó con organismos de inteligencia del Estado y paramilitares la ejecución de la masacre.

Antes de la masacre, a pesar de las alertas tempranas que mencionaron el peligro de su ocurrencia por parte de líderes sindicales y el DAS, las tropas del Ejército omitieron su deber de protección y dejaron de hacer presencia en el retén en el sitio conocido como La Ye o El Retén, facilitando la entrada y salida de los paramilitares a los barrios El Campestre, El Campín, María Eugenia, Nueve de Abril y Villarelis en la ruta principal entre Bucaramanga y el centro de Barrancabermeja, lo que demostraría la responsabilidad por omisión.

“Todo el que no quería lo mataban ahí, que porque llegaron con lista en mano todos los que tenían ahí en lista en mano hacían parte de procesos, hacían parte o estaban vinculados al proceso social porque ¿qué decían ellos?, ¿o qué decían tanto el Ejército como la inteligencia militar?: era todas estas organizaciones, todas estos procesos políticos sociales que están aquí hacían parte del insurgencia; porque ellos creen que porque uno se formaba ahí o porque uno se entretenía ahí era un conducto para llegar al ELN, eso es lo que siempre han dicho”, aseguró a la Comisión un líder social de la ciudad.

Después de la arremetida violenta contra la población civil de Barrancabermeja con tres masacres que han sido emblemáticas para los colectivos de víctimas (16 de mayo de 1998, 28 de febrero de 1999, 4 de octubre de 2000), se viene una etapa que, en palabras de Iván Roberto Duque, consistió en la consolidación territorial e integración social, económica y política del proyecto paramilitar. Para esto se desarrolló la toma de predios, establecieron manuales de convivencia para la población, incorporaron jóvenes con sueldos llamativos para su edad, facilitaron bolsas de empleo y el trabajo de “comisarios políticos” para copar las JAC, junto con amplias acciones armadas.

Para 1995 los paramilitares desplazan los grupos que extraían gasolina y pagaban un impuesto a la guerrilla y desarrollan el “Cartel de la Gasolina”, cuyo negocio llegó a cubrir el 80% de la financiación del Bloque Central Bolívar (BCB) en el año 2000, con total permisividad de Ecopetrol y miembros de las Fuerzas Armadas del Estado. Tal como asegura Rodrigo Pérez Álzate: “Y lo he dicho en diligencias y no me da temor decirlo: ninguna vuelta, en el argot nuestro, ninguna vuelta que se fuera hacer era posible, si no era coordinada con la Fuerza Pública”.

De acuerdo con Ecopetrol, en el 2002 el hurto fue de 7.270 barriles promedio por día, en el 2003 fue de 5.777 barriles, de 2.042 en el 2003, 1.601 barriles en el 2005 y de 942 barriles en el 2006, con una disminución del 87% respecto del 2002. En la financiación del engranaje para la extracción ilegal de la gasolina también participaron funcionarios y contratistas de la empresa, y miembros de la administración municipal y el concejo.

A pesar de todo este flagelo, en Barrancabermeja la respuesta a la violencia siempre ha sido la lucha por la garantía de los derechos humanos y la defensa de la vida. Desde mediados de los noventa se dio un impulso al interés de la articulación entre actores empresariales, gubernamentales y sociedad civil para buscar salidas al conflicto armado.

El histórico dinamismo cívico y organizacional de la ciudad mantuvo los actores clave como fueron la pastoral social de la diócesis y la USO que con el apoyo financiero de Ecopetrol da origen al Programa de Desarrollo y Paz del Magdalena Medio -PDPMM. Mientras CREDHOS mantenía su trabajo de denuncia y defensa de derechos humanos, la Organización Femenina Popular se posicionó en el movimineto cívico local con base en la respuesta valiente frente a la escalada creciente de violencia. La Coordinadora Popular fue cerrando una especie de ciclo que culminó hacia 1999, cuando fue reemplazada por el espacio de Trabajadores y Trabajadoras de Derechos Humanos.