De 1958 a 1972 en el centro del país se libraban las luchas por la tierra y los primeros brotes de lucha insurgente, pero en el Vaupés el conflicto armado no tenía mayor relevancia; era más bien un lugar de refugio para personas que buscaban las oportunidades ofrecidas por el Estado a través de la Caja Agraria y el negocio del caucho.

A principios de la década de los 80, las comunidades indígenas en el Vaupés empezaron a vivir la violencia de las bonanzas con la colonización narco que arribó a la Amazonía. Los dineros que comenzaron a circular en el territorio producto de esta economía ilícita llevaron a Colombia a posicionarse en el mercado internacional del tráfico de drogas. Lamentablemente, el mundo indígena resultó profundamente afectado por este cambio que alteró aún más sus valores tradicionales comunitarios.

“Yo creo que esa bonanza entra por ahí de los 70 en adelante, de los 79 en adelante [...] uno terminaba de raspar y con este mafioso, allá cuando llegó la mitad había, buscando raspachines, otro productor, se embarcaba, llega a los campamentos y así la pasaba. [...] Río arriba, río abajo, por todo lado, habían chagras, laboratorios”, comentó un habitante de la región a la Comisión.

La instalación de laboratorios para la producción de pasta base terminó por romper la relación de los pueblos amazónicos con la planta que usaban para mambear. De igual forma, el consumo de la cocaína o sus derivados afectó por igual la salud mental y física de colonos e indígenas, especialmente, de los más jóvenes.

Las FARC-EP consolidaron su presencia en Mitú en 1984. El comandante Boris había llegado el año anterior a la comunidad indígena de Bocas del Yí y allí presentó a la tropa de la guerrilla. Progresivamente esta insurgencia fue ocupando las comunidades indígenas del municipio y estableciendo un corredor de movilidad entre el Alto Vaupés. También asumieron el control del negocio del tráfico de cocaína.

En los ochenta, la guerrilla no sólo regulaban el trato de los narcotraficantes con el indígena o colono cocalero sino que aprovechaban la concentración de personas que se rebuscan la vida entre los cocales para engrosar las filas de combatientes. Así lo recuerda Martín*, quien para 1983 tenía 18 años y se retiró del bachillerato mientras cursaba séptimo grado en el Internado Indígena María Reina para ir a recoger hojas de coca en Yuruparí: “Eso fue muy sencillo reclutar porque eso llegaban allá y como uno andaba en la cantina llegaban y le dan sus 40, 50 o 60 mil pesos y en esa época la plática valía todavía. Claro, ellos amanecían ya cuando llegaban con los compañeros y "bueno, nosotros nos vamos", y yo menos mal que no aceptaba los billetes y por eso era no me jodían tanto”.

Para 1983 el departamento de Estado de los Estados Unidos de Norte América sabía que las FARC-EP no solo controlaba los cultivos en Vaupés, sino que este departamento y el Guaviare eran usados por la insurgencia para intercambiar cocaína por armas y dinero. Los informes de inteligencia de los EE. UU. dan cuenta de que los cultivadores de coca se beneficiaban de las FARC-EP por la protección que estos les proveían frente a los controles económicos y sociales de los narcotraficantes y de las autoridades; por su parte, la FARC-EP se beneficiaba financieramente de las rentas impuestas a los cultivos.

El negocio de la transformación de la hoja de coca se acabó en Mitú por la regulación del mercado. Los costos de siembra, cosecha y transformación no eran rentables frente al precio de venta de la cocaína, y los pequeños productores corrían más riesgos al ser Mitú más fácil de controlar por las autoridades del Estado.

Mitú todavía tiene una economía dependiente de los dineros que ingresan por las instituciones y de los puestos de trabajo que la alcaldía, la gobernación y otras entidades públicas necesitan para funcionar. No hay una producción interna de alimentos para el autoabastecimiento y mucho menos trasformación de materias primas, todos los insumos necesarios para la vida diaria ingresan vía aérea, con la consecuencia de costos elevados. La falta de políticas públicas estatales del nivel nacional que centren su atención en las carencias del departamento profundiza estos impactos.

Cuando el negocio decayó, las FARC-EP permanecieron en el territorio a pesar de no obtener rentas significativas. El beneficio más grande no fue a nivel de las rentas de la cocaína, sino el reclutamiento y la vinculación de la población indígena que fortaleció su pie de fuerza y le permitió expandirse política y geográficamente en la Amazonia .

El 19 de abril de 1988, las FARC-EP realizan la Primera toma al puesto de policía de Mitú. Por su poca contundencia, la toma fue más un reto al Estado y una continuidad de la lógica de la guerra de guerrillas. Sin embargo, la toma fue una evidencia del poder militar que la guerrilla había empezado a construir desde 1982, a partir de un trabajo político-militar que se transformó en 1986 cuando la insurgencia atacó poblaciones y asesinó a personas consideradas enemigas.

Durante esa toma no hubo pérdidas en vidas. No obstante, la respuesta estatal a la toma fue la militarización de los territorios, ocasionando el desplazamiento de las comunidades al interior de la selva y las ejecuciones de civiles por parte de militares en el casco urbano. Con trampas y valiéndose de las autoridades religiosas, se convocaban a reuniones que terminaban siendo interrogatorios sin ningún tipo de garantía.

A los señalamientos y los asesinatos les siguió la estigmatización y la violencia sexual. Luego de la primera toma, se reforzó el pie de hombres de la policía, pero esto no garantizó la seguridad. Por el contrario, basados en el estigma de que los pueblos indígenas eran auxiliadores de la guerrilla, se profundizó el racismo y la violencia sexual contra mujeres indígenas.

El temor de las mujeres, el resentimiento de los muchachos, la falta de confianza en el Estado que debía protegerles, la poca capacidad de prevención de los internados frente al reclutamiento y la posibilidad de vinculación a las insurgencias como una forma de protección, llevó a muchos jóvenes a las filas.

Las Fuerzas Militares abandonaron Mitú en 1989 y la Policía nunca abarcó más allá del casco urbano. Por su parte, las FARC-EP continuaron ejerciendo control político militar en las comunidades cercanas: la presencia diferenciada del Estado propició que el Frente 1 de las FARC-EP fortaleciera la legitimidad en algunas poblaciones al ser la única autoridad armada que imponía orden y facilitaba la resolución de conflictos de convivencia. De hecho, llenaron un vacío de poder regulatorio, y para algunas personas fue la guerrilla quien les enseñó “a protestar y exigir” y esto generó empatías.

La relación con las comunidades se basaba en el discurso de la atención diferenciada del Estado y en el control poblacional por medio de trabajos comunitarios y el ajusticiamiento de ladrones y violadores y los castigos y sanciones sobre borrachos u hombres maltratadores de mujeres. A falta de un Estado con una infraestructura social y de mecanismos democráticos acordes a las necesidades de las poblaciones del Vaupés, las comunidades tuvieron que convivir con las FARC-EP, y sobrevivir así a la guerra.

Como se estableció anteriormente, la permanencia del Frente 1 en el Vaupés no estuvo relacionada con el control de las rentas del narcotráfico, sino con el reclutamiento y la vinculación de población indígena que nutrió de forma considerable las filas guerrilleras. Desde la séptima conferencia (1982) en la que las FARC adoptó el Plan Estratégico, se estableció el ingreso voluntario e indefinido a las FARC para personas entre los 15 y 30 años; desde su entendimiento, una persona a los 15 años podía desempeñar las tareas que implicaba estar en el grupo armado.

Entre 1995 y 2002 Gabriel* reconoce haber reclutado 700 menores de 18 años en Mitú. La insurgencia se aprovechó de la falta de capacidad de los menores de medir el riesgo, su inmadurez frente al amor, la amistad y la vida. La pobreza y presencia diferenciada y desobligante del Estado hacia los pueblos indígenas, causaba que la guerrilla, con la legitimidad ganada como autoridad que regulaba la vida pública y castigaba la delincuencia, se convirtiera en una opción de vida y bienestar material del que carecían en sus entornos.

“Ellos por lo menos nos daban lo que era los zapatos, la camisa, por lo menos para que cogiéramos hasta séptimo, octavo, ya saliéramos de ahí y nos fuéramos para allá. En ese entonces, uno se iba con ellos era porque los problemas familiares, la pelea con los papás, no había ese modo de que “Ah, me voy a matar porque no me dieron, me voy a suicidar”, no, sino el modo más rápido era “Pues me voy para la guerrilla”, contó a la Comisión un habitante de la región.

De acuerdo con las entrevistas realizadas por la CEV, los menores y jóvenes reclutados en Mitú combatieron en Patascoy (21 de diciembre de 1997); Miraflores (3 de agosto de 1998); y la Uribe ( 4 de agosto de 1998), todas acciones militares de envergadura que antecedieron a la toma de Mitú.

Las repercusiones del reclutamiento en las comunidades fueron varias. Las autoridades expresaban que la presencia amplia de las FARC-EP en el territorio desestabilizó el orden familiar, los padres perdieron la autoridad y por miedo no se atrevían a ir a buscar a sus hijos que eran reclutados. Igualmente, cuando un joven se vinculaba a la guerrilla, la familia era señalada como auxiliadora de la insurgencia por la fuerza pública e incluso por otros miembros de la comunidad. Esto llevó a que muchas familias se desplazaran.

Además, como las FARC-EP usaban los colegios como sitios de reclutamiento, los padres decidieron no enviar a sus hijos a las aulas, y los que tenían familia en Brasil, los enviaron a la frontera como un mecanismo de protección. El reclutamiento trajo empobrecimiento a las comunidades, e impidió la trasmisión de la cultura y espiritualidad por parte de los sabedores de los pueblos indígenas.

CONSOLIDACIÓN TERRITORIAL DE LAS FARC

El Frente 1 consolidó entre 1995 y 1998 el control sobre las poblaciones en ambas riberas del río Vaupés. Esto como resultado de un plan de ocupación que inicia en 1993 con el desplazamiento forzado de población civil, el reclutamiento, la imposición de contribuciones forzadas, los impuestos sobre el cultivo y comercialización de coca y nuevas regulaciones de la vida social.

Para 1997, las FARC-EP tenía el dominio de los “circuitos económicos” relacionados con cultivo, producción y comercialización de la coca y usaba los ríos Apaporis y Vaupés. En la comunidad indígena de Bocas del Yi, las FARC-EP instaló su campamento principal, a 500 metros del caserío, allí, los comandantes, entre ellos el Mono Jojoy, hicieron la maqueta y filmaron las instrucciones para la toma de la estación de policía de Mitú y los puntos estratégicos de la urbe. En Puerto Vaupés las FARC-EP instaló una pista de entrenamiento y un hospital de campaña. También contaban con unidades de forma permanente en la comunidad 13 de junio. La guerrilla ocupó los territorios de las comunidades de Mandí, Puerto Corroncho, Puerto Colombia, Puerto Inayá, Cucura, Pueblo Nuevo, Yararaca, Tucandira, Murutinga, Trece de Junio, Mitú Cachivera, El Recuerdo, Valencia Cano, La Libertad, el 12 de octubre y San Francisco.

La segunda toma de Mitú, el 31 de octubre de 1998, fue un hito de las FARC-EP en cuanto acciones armadas en el Vaupés, y el primero dentro de la consolidación de la guerra en la Amazonía colombiana, entre 1992 y 2001. Al contrario de la primera toma, la segunda toma demostraría la fuerza de las FARC-EP y cómo pretendía pasar de guerra de guerrillas a una guerra de posiciones.

MAPA RESGUARDOS INDÍGENAS SUR DEL PAÍS.

LA PREPARACIÓN DE LA FUERZA PÚBLICA

El Ejército de Colombia desestimó las alertas de una toma guerrillera. Inteligencia militar entendía que las FARC-EP dentro de su Plan Estratégico para la Toma del Poder tenían como objetivo cercar y tomar Bogotá. El Departamento de Estado estadounidense recibía cables desde 1996 de la embajada en Colombia en los que se afirmaba que las FARC-EP, aunque “envalentonadas” continuaban atacando, pero carecían de los recursos para tomarse una ciudad o derrocar el gobierno.

Que se contemplara la posibilidad de que las FARC-EP pudieran tomarse una ciudad respondía a que la guerrilla de las FARC-EP ya había pasado de la guerra de guerrillas a la guerra de movimientos, como reflejan las tomas anteriores a Mitú, y tanto el Estado colombiano como los EE. UU. eran conscientes de que el paso siguiente de la insurgencia sería la guerra de dominio, es decir, controlar zonas cruciales del territorio.

Mes y medio antes de la toma, el comando de la Policía de Mitú cambió de mando y fue transferido el entonces teniente coronel Luis Herlindo Mendieta Ovalle, oficial de 35 años, que desde 1975 había estado en servicio activo asignado en Bogotá, el Eje Cafetero, y Medellín, además de Yumbo, la isla prisión de La Gorgona, Santa Marta, Magdalena y Arauca. En palabras de Mendieta para el periódico El Colombiano: “el traslado fue intempestivo y se tramitó en un día, al llegar me reuní con el Gobernador de entonces y con el comandante al que le recibí y me dijeron que la situación era crítica porque las FARC estaban en inmediaciones de Mitú”.

El 17 de septiembre de 1998, al general (r) Luis Mendieta le es transferido el mando del comando de Mitú por parte del teniente coronel Hernández, y encuentra que a pesar de la inminencia del ataque no había más que los policías asignados al comando. Mendieta aseguró que hizo lo pertinente para evitar la toma en tanto informó de la inminente acción armada de la insurgencia y que la responsabilidad de la toma es del expresidente Pastrana y que no solo informó dentro de la cadena de mando de la policía sino de las FF. MM.

Martín, uno de los policías bachilleres secuestrados afirma que prestaba un “servicio social”, “con la comunidad, con la gente con los niños” y lamenta su suerte respecto al tiempo que le quedaba en servicio: “nos faltaban 22 días para salir... cuando la toma guerrillera”. Para el tiempo que su servicio social con la policía estaba terminando, el orden público de Mitú había cambiado radicalmente tanto en la zona urbana como rural.

Ni el Estado colombiano, ni la inteligencia de los EE. UU. consideraban que fuera posible una toma a pesar de que conocían las debilidades de la fuerza pública respecto a la guerra contra las FARC-EP. Las limitaciones de las fuerzas armadas colombianas eran conocidas por el Departamento de Estado de los EE. UU. y en el reporte desclasificado de 1997 titulado: «La Creciente Amenaza Insurgente» se exponen críticas a la estrategia militar colombiana: acantonamientos, deficiencias en entrenamiento, inteligencia, y movilidad y respuesta aérea tardía.

La toma incluyó el despliegue en combate de los indígenas reclutados años atrás, algunos de ellos, cuando aún eran menores de edad, y que regresaban a su territorio como hombres y mujeres de guerra. Atrás quedaban los días de río, el cultivo de la chagra o la danza del carrizo. Aldemar*, Tariano de madre y Siriano de padre, es excombatiente de las FARC-EP, y para el tiempo de la toma fue llamado a volver a Mitú para una “fiesta”. Le fue solicitado en virtud de su conocimiento de Mitú que hiciera inteligencia y abriera trocha para la tropa:

“Me dijeron: “para el 98 va a haber una fiesta así, así, así. Necesito una persona que conozca el terreno”, yo le dije “Hermanito, yo voy”, y nos vinimos para acá y eso haciéndoles la inteligencia, ahí lo que es el puesto de policía. […]P ues la inteligencia que nosotros tiramos, primero, era sacarle las medidas y mirarle qué cantidad del enemigo había en el puesto. Y lo que era artillería, cómo estaba instalada, la fusilería cuánto, las armas pesadas cuánto, y más o menos qué cantidad de tropa era la que aguantaba en eso”, manifestó.

Las FARC-EP usaron como scout a Aldemar y para abrir camino para las tropas guerrilleras que se estaban congregando y también usaron indígenas de comunidades cercanas a Mitú para abrir las trochas.

En la madrugada del 1 de noviembre de 1998, 76 policías combatieron atrincherados en el comando de la Policía de Mitú a un número mucho superior de guerrilleros. Entre 900 y 1200 combatientes de los Bloques Sur y Oriental de las FARC-EP atacaron la estación de Mitú para poder tomarse el poder de la capital del Vaupés y, por 72 horas, la tuvieron bajo asedio y control. Para la toma, las FARC-EP usaron guerrillas que ya habían participado en otras tomas y que tuvieron tres meses para caminar, reagruparse, reabastecerse y ser instruidos en el ataque.

Para evitar la muerte de civiles por los combates, las FARC-EP pretendía usar la emisora para alertar a quienes vivían cerca de la estación de policía y lograr que evacuaran la zona, pero esto no fue posible por lo que los combates se suspendieron. Cuando finalmente las FARC-EP lograron evacuar una a una las casas que habían identificado podían ser afectadas por los cilindros bomba, las guerrillas las usaron para disparar y parapetarse.

Los policías de Mitú aguantaron poco más de 12 horas en medio del humo producto de los incendios producto de los cilindros llenos de metralla e inflamables. El 1 de noviembre de 1998 cayeron superados en número y poder de fuego.

2. DESTRUCCIÓN, ROBOS Y PILLAJE

Tres cuadras alrededor del comando de la Policía quedaron en ruinas y el pueblo se oscureció: el humo de las casas quemándose tiñó de negro la ciudad hasta que el comando de la policía cayó y la noche llegó con la lluvia. Todos los edificios de las entidades gubernamentales quedaron arrasados y el hospital quedó seriamente afectado, y no solo por el fuego de las FARC-EP. El avión fantasma disparó sobre la estación y la infraestructura del pueblo.

Gabriel* afirma que personas del pueblo participaron de los robos, y las unidades que no eran de la zona cometieron pillaje, si bien algunos almacenes de multinacionales eran objetivo militar, la única orden era la de robar la Caja Agraria de la cual asegura sacaron cuatrocientos millones y tres arrobas de monedas.

Otra versión tiene Daniel*, suboficial de las Fuerzas Militarales. Para él, las FARC-EP, a raíz de los combates con el ejército: “tuvieron que saquear todo para poder irse huyendo, se les dañó la línea de abastecimiento y necesitaban comida para volver a sus sitios de orige”.

MODAL 1. CIVILES ASESINADOS Y EJECUCIONES SUMARIAS

En la toma 11 civiles fueron asesinados; no todas estas muertes han sido esclarecidas. Las FARC-EP reconocen haber planeado la ejecución de los hermanos Calderón y de forma vedada reconocen un asesinato no planeado.

Otras personas fueron víctimas del fuego cruzado, como es el caso del hermano de Ana Elisa Valenzuela, quien se asomó a la ventana del segundo piso de la humilde casa en madera donde estaba su sobrino cuando fue alcanzado por un disparo en la cabeza, en ese momento la guerrilla estaba en la puerta presionando para usar la cocina de la casa.

MODAL 2. POLICÍAS CAPTURADOS Y LOS BACHILLERES ECUESTRADOS

Al ser reducidos militarmente, las FARC-EP secuestró a 61 policías que se habían escondido en uno de los túneles de la estación y también a los 16 jóvenes bachilleres auxiliares, quienes sólo usaban un bolillo; 15 de estos pertenecían a comunidades indígenas.

Los secuestrados fueron separados en dos grupos. De acuerdo con relatos de los sobrevivientes, caminaban con una soga en el cuello, la cual estaba amarrada al pie de quien iba delante de la marcha, para evitar una fuga. Hacia febrero de 1999 llegaron a la Zona de Distención en San Vicente del Caguán donde se reunieron nuevamente y fueron retenidos en barracones enmallados en medio de la selva.

A principios del año 2001 un grupo de 82 madres, entre ellas las de los secuestrados en Mitú, visitó la Zona de distención con el propósito de exigir la liberación de sus hijos. En ese momento los diálogos del Caguán avanzaban y en junio de 2001, como parte de un acuerdo de canje con el gobierno de Pastrana, se produjo la liberación de un grupo de soldados y policías secuestrados, que incluyó a los bachilleres de Mitú. Sin embargo, la libertad no fue un destino común, como expone la JEP, siete oficiales y suboficiales permanecieron en poder de la guerrilla, uno se fugó con éxito, tres fueron rescatados y uno fue liberado unilateralmente. El coronel Esteban Guevara murió en cautiverio en 2006 por falta de atención médica y sus restos fueron entregados a su familia en abril de 2010; el Capitán Peña Bonilla está desaparecido; al parecer fue asesinado por orden del exguerrillero “Martín Sombra”, quien no ha revelado donde estarían los restos del capitán.

“Para la guerrilla fue un logro, una vaina que dicen «¡Uy!», tomarse un municipio como tal, esa fue la gran satisfacción del Mono Jojoy cuando dijo «Nos tomamos el pueblo». Eso fue… que incluso ellos desayunaron con… los tamales que tenía la policía para la… el otro día había un bazar, entonces, ellos desayunaron los tamales que la policía tenía para la venta. Se sentaron todos los comandantes a desayunar los tamales que tenían”, comentó a la comisión un exintegrante de esa guerrilla.

De acuerdo con el reconocimiento de responsabilidades realizado por los firmantes miembros del Bloque oriental que operó en la zona: “Esta acción buscaba iniciar cuando se dieran las condiciones, un proceso de tomarnos el poder en la parte sur del país, lo que constituía una etapa del desarrollo del Plan Estratégico. En nuestra concepción, había momentos en que la actividad y objetivos político – militares debían prevalecer sobre otras consideraciones, pues era necesario para el éxito de la lucha revolucionaria. La toma buscaba también lograr un reconocimiento internacional de nuestra organización como Fuerza Beligerante. Fue bajo esas consideraciones que, como organización guerrillera, en cabeza del Secretariado del Estado Mayor Central, nuestra dirección superior, tomamos la determinación de llevar a cabo la toma de las instalaciones del Departamento de Policía del Vaupés en Mitú”.

El 1 de noviembre, las Fuerzas Militares intentaron desplegar tropas en Mitú, pero las condiciones climáticas no lo permitieron y aplazaron la operación de retoma hasta el 2 de noviembre. Al municipio llegaron gracias al apoyo de Brasil, país que prestó su pista de Bocas del Querarí.

Sobre el ataque aéreo y con bombardeo nocturno el general (r) Héctor Fabio Velasco afirma que tomó decisiones difíciles: “con riesgos calculados hicimos los primeros bombardeos nocturnos reales en defensa de la capital del Vaupés. Por sus resultados los aviones AC-47 siguieron siendo nuestra mano derecha en ese tipo de operaciones” .

Del 2 de noviembre de 1998, Orlando recuerda que interceptaron las comunicaciones de las fuerzas armadas y las FARC-EP supieron sobre el tiempo del desembarco de tropas colombianas provenientes de Brasil. Como lo esperaban, la retoma del ejército se desarrolló en la carretera, y por ello, 300 guerrilleros estaban emboscados y confiando en tener la mejor posición, mayor número y alto poder de fuego.

Sin embargo, la aviación cambió la balanza en la correlación de fuerzas al lanzar una bomba sobre la estructura en la que estaba Orlando y causó la mayor parte de las bajas entre la insurgencia. Según el excombatiente, murieron entre 130 y 150 guerrilleros. El primer día calcula que murieron 30 guerrilleros aproximadamente, muchos por ametrallamientos aéreos, y el segundo día, entre 60 y 80 por la bomba que arrojó la aviación. A este número le suma los muertos en los combates de repliegue . Inclusive, el uso de civiles en la toma del que tiene conocimiento la CEV está relacionado con la atención de heridos y traslado de cuerpos.

Sobre las fosas comunes de los guerrilleros que murieron en la toma y retoma de Mitú, Orlando afirma que alias Roosevelt es quien estaba a cargo directamente por el Mono Jojoy de ocuparse de dichos cadáveres. Pablo, otro ex guerrillero, por el contrario, da indicaciones más exactas de fosas, pero afirma que mientras que en el terreno donde estaría ubicada una fosa se extrae material de construcción otras fueron superficiales y los restos probablemente se perdieron.

Para el expresidente Pastrana la retoma fue un triunfo militar, e implicaba no solo un revés a las intenciones de las FARC-EP sino una acción que elevaba la moral de las FF. MM: “No fue cualquier triunfo para el estado colombiano. Por un lado, fue el primero significativo después de la sucesión de derrotas de los años anteriores y, por otro, se demostró que la acción conjunta y coordinada de las Fuerzas podía llegar con éxito a las regiones más alejadas … la guerrilla empezó a asimilar una nueva realidad, “su pretendido avance a una guerra de dominio territorial se le estaba yendo de las manos”, aseguró.

Para la población no fue una victoria. Fueron tres días de hambre, zozobra y miedo que vivieron escondidos debajo de sus camas o mesas que cubrían con colchones tratando de evitar las balas. La infraestructura del pueblo quedó arrasada por las detonaciones y el fuego. Los mituceños fueron testigos de cómo su poblado quedaba reducido a ruinas. La toma de las FARC-EP y la retoma realizada por la fuerza pública fue reportada por los medios, pero se centró el en el aspecto militar, reportó una cifra estimada de 70 policías muertos y otros tantos secuestrados, entre los que estaría el comandante de la estación y varios oficiales más.

Por otro lado, cuando los medios relacionaban algo sobre la ciudad y su destrucción, el centro de la noticia era la infraestructura del Estado, las víctimas de la policía, y los diálogos del Caguán a la luz del ataque, invisibilizando las afectaciones a la población civil, la pérdida de vidas, la destrucción de sus bienes, y las profundas heridas generadas al ver cómo fueron sus jóvenes, en cada bando de la guerra, los que esa madrugada se enfrentaban como enemigos en una orden que ninguno entendía. Sobre el miedo, la desconfianza y el trauma colectivo nunca se habló y aún hoy esta población intercultural a orillas del Vaupés espera recomponer su ciudad indígena y su comunidad.

Tan pronto la población entendió que los armados recién llegados que habían replegado a las FARC-EP eran soldados del Ejército colombiano y empezaron a llegar aviones y a restablecerse los vuelos, decenas de personas abandonaron la ciudad o enviaron a sus hijas(os) a otras ciudades, principalmente a Villavicencio y Bogotá.

El desplazamiento forzado continuó después de la toma, la guerra forzaba a las personas a irse. Uno de ellos es Jimmy Gaswing, raizal de origen Sanandresano que se enamoró de una mujer Wanana en Bogotá e hizo familia en la comunidad 13 de junio. La tranquilidad que el percibía del Vaupés lo motivó: «Mitú tenía un ambiente sano para criar a mis hijos y me sacrifico quedándome. No había guerrilla cuando llegué en el 94 a la comunidad. Eran 8 familias para el momento». Luego de la toma y con la entrada de las Fuerzas Militares, la guerrilla utilizó a la comunidad como escudo para atacar, dejando a Jimmy y otras familias varias veces en el fuego cruzado.

Otras afectaciones en los pueblos indígenas fueron el asedio de las guerrillas y la respuesta de la fuerza pública. Luego de la toma de Mitú, la comunidad vivió por tres años las incursiones de las guerrillas que desde su territorio lanzaban cilindros y disparaban a la fuerza pública en Mitú, del otro lado del río venía la respuesta militar de las FF. MM.

A partir de 2001, las explosiones, las zanjas de arrastre de los soldados en los predios de la comunidad, las minas antipersonas, la amenazas, el acoso militar sobre las mujeres, y el miedo y la zozobra ocasionaron que las personas de la comunidad también vivieran el confinamiento y por consiguiente, el hambre y la tristeza. Por estas situaciones de guerra muchas personas se fueron a otras comunidades, sin embargo, algunas de las menores de edad que se quedaron con sus familias fueron embarazadas por soldados que no respondieron por sus hijos y no hay certeza si se trató de relaciones consentidas.

La situación humanitaria de la comunidad 13 de junio no se hizo pública en 2001, aunque la Defensoría del Pueblo emitió la primera alerta temprana sobre el departamento el 3 de septiembre de ese año. En esta denunciaba la presencia de las FARC-EP en Mitú, específicamente en la Comunidad de Bocas del Yi, comunidad que desde 1983 estaba bajo control de las FARC-EP.

Las FARC-EP se replegaron poco a poco del corredor que habían logrado consolidar en los kilómetros próximos a las riberas del río Vaupés desde Mitú hasta el Alto Vaupés, lo que hizo que las comunidades que estaban en el corredor, esto es Puerto Vaupés, Mitú Cachivera, Yuruparí y El Refugio, vivieran la guerra. Mientras las FF. MM. ganaban terreno se intensificaban los combates, el reclutamiento, la instalación de minas, las amenazas, el ametrallamiento de aviones y las restricciones a la circulación de personas y alimentos.

Para 2004, las Fuerzas Militares instalaron el Batallón de Infantería de Selva No. 30, Alfredo Vásquez Cobo, adscrito a la IV División, con base en Mitú. El aumento de la presencia militar se vio reflejado en la segunda alerta temprana emitida por la Defensoría del Pueblo en 2004, momento en el que la entidad denunció hostigamientos al casco urbano de Mitú y Carurú. También reportó la instalación de minas antipersonales, especialmente, en caminos hacia comunidades indígenas y sus chagras. Durante los años 2000 y 2013, 44 personas entre miembros de fuerza pública y civiles fueron víctimas de MAP, MUSE y ASE en Vaupés. Según la estadística desagregadas 30 de estas víctimas están localizadas en Mitú, de estas 16 eran civiles; y 14 en Carurú, donde cinco fueron civiles afectados en 2009.

La situación fue tan difícil que la población de Puerto Vaupés se desplazó completamente y en Mitú Cachivera solo dos familias permanecieron. Por el conflicto armado interno, los pueblos Cubeo, Tucano, Desano, Tuyuca, Tatuyo, Wanano, Carapano, Piratapuyo, Tariano, Makuna, Siriano, Makú, Jiw, Yurutí y Bará del resguardo Arara, Bacatí, Carurú y Lagos de Jamaicurú fueron desplazados. Hoy día, en el Juzgado del circuito especializado de restitución de Villavicencio está radicada la demanda por restitución de tierras siendo el primer proceso de este tipo iniciado en territorio amazónico.

En 2006 la alerta temprana defensorial estableció que continuaban los hostigamientos y aumentaban los secuestros, minas, asesinatos selectivos de líderes, y confinamientos de comunidades indígenas en Mitú y Carurú. La última alerta temprana data de 2008, y en esta se advierte la continuidad de las situaciones de 2004 y 2006 en Mitú y Carurú, y la extensión de la problemática al Corregimiento Departamental de Pacoa.

Actualmente, algunas familias han retornado por su cuenta a las comunidades de donde huyeron y están reconociendo su territorio, como ocurre en Puerto Vaupés. Otras comunidades que no se desplazaron por completo están tratando de resolver los impactos espirituales a su territorio derivados de las fosas que las FARC-EP cavaron para enterrar sus muertos.

“Cuando uno va a pescar, y cuando mi tío finado Pablo que estaba vivo fue al caño, le salieron los espantos y como ellos culturalmente manejaban su prevención, entonces tapó todo eso para que no volvieran a molestar [...] Más arriba de Puerto Colombia hay unos caños, allá nadie ha tapado, nadie ha protegido, ellos allá escuchan personas gritando y aquí también pasó, se escucha gente gritando, hablando”, comentó una víctima de la comunidad de Puerto Colombia.

Estas violaciones graves a los DD. HH., al ser cometidas sistemáticamente contra pueblos originarios de la Amazonía han impactado negativamente su autonomía y armonía con el territorio. Constituyen acciones que violan la dimensión material e inmaterial de la vida, los derechos y bienes de los pueblos y comunidades indígenas y el territorio.

A pesar de la invisibilización, los traumas individuales y colectivos causados por la guerra no impiden que las comunidades se reconcilien con su territorio como en el caso de Puerto Colombia, donde armonizaron la presencia de entierros para construir una nueva relación con su entorno.

Actualmente, a la población del Vaupés le genera preocupación la permanencia en armas de más de 100 jóvenes que durante las negociaciones de paz entre las FARC-EP y el Gobierno decidieron ponerse a disposición de Gentil Duarte, quien no se adhirió al Acuerdo de Paz de 2016.

La guerra arrancó las semillas de vida de los pueblos del Vaupés, la transición a la paz es una oportunidad para que el Estado y la sociedad colombiana vean a este territorio, sientan su dolor y lo acompañen en su reparación. Solo así una nueva historia, la de los pueblos en libertad, podrá escribirse a través de los raudales y cachiveras del río Vaupés. Luego del ruido ensordecedor de la guerra, es posible que resuene en la selva el sonido apacible del carrizo que evoca los cantos de las abuelas y abuelos, invocando los vientos de esperanza y nuevos amaneceres sobre el Vaupés.