El 30 de mayo de 1999, el Frente José María Becerra del ELN ejecutó el secuestro masivo más grande en la historia del país: 194 personas fueron raptadas por la guerrilla durante la misa de las 10 am, en la iglesia La María del barrio Pance, en el sur de Cali.

La magnitud del hecho demostró la presencia contundente del accionar urbano de la guerrilla del ELN porque puso en evidencia la incapacidad de la Fuerza Pública para brindar seguridad a la población. Además, se develó la vulnerabilidad de las elites sociales, políticas y económicas de la ciudad, convertidas en objetivo por parte de este grupo armado.

La trayectoria del ELN

El periplo del ELN en el Valle del Cauca permite comprender cómo la modalidad de secuestro masivo y extorsivo benefició sus intereses económicos e influyó en su expansión y fortalecimiento a nivel nacional.

La llegada de la guerrilla a la región se dio a partir de la Reunión Nacional de Responsables “Héroes y Mártires de Anorí”, en 1983. La nueva dirección nacional acordó la expansión de la insurgencia hacia el suroccidente del país, en los departamentos de Nariño, Cauca y Valle del Cauca. Para ese entonces, el ELN contaba con frentes urbanos como el Camilo Torres Restrepo, en Cali, y el José Manuel Martínez Quiroz, en el norte del departamento.

El Frente de Guerra Suroccidental se consolidó rápidamente. Mientras los alfiles del Frente Manuel Vásquez Castaño (1984) hicieron presencia en la Bota Caucana y en el sur del Huila (Almaguer, Rosas, San Sebastián, Bolívar, La Vega, La Sierra, Santa Rosa, Timbío y Florencia), el Frente Luis Carlos Cárdenas Arbeláez se expandió en el norte del Valle (Riofrío, El Dovio, Trujillo y Bolívar), y disputó este territorio con los ejércitos privados del Cartel del Norte del Valle. Los objetivos de la guerrilla eran controlar la comunicación con la región del Bajo Calima, las salidas al mar en Buenaventura y las rentas asociadas al narcotráfico .

La Comisión conoció, a través del proceso de escucha, testimonios de la comunidad indígena Emberá Chami y de habitantes del Cañón de Garrapatas que relatan las violaciones a los derechos humanos de las que fue víctima la población civil por parte de esta guerrilla. Las principales afectaciones fueron el reclutamiento forzado de menores, desaplazamiento forzado y asesinato selectivo de liderazgos sociales y espirituales indígenas.

Sin embargo, la máxima expresión militar del ELN se dio en la década del 90 con la creación del Frente José María Becerra. La estructura, con presencia en Cali, Yumbo, Palmira y Jamundí, en el Valle del Cauca; y Cajibío, Morales, Patía, Piendamó, Buenos Aires y Popayán, en Cauca, tuvo un mayor acceso a los centros de poder político y económico de la región, y consolidó al secuestro como la segunda mayor fuente de ingresos de la guerrilla a nivel nacional, solo superada por los dividendos que dejaban las extorsiones al sector minero.

Precisamente, en el marco de su tercer congreso, en 1996, la guerrilla acordó recurrir al secuestro, la extorsión y la tributación forzada como mecanismos estratégicos de financiamiento. Durante el encuentro se reiteró la declaración de la oligarquía, las multinacionales y los llamados “financiadores de la guerra sucia” como objetivos militares.

Aunque durante el mandato del presidente Ernesto Samper el ELN participó de un acuerdo provisional en el que se comprometieron a dejar el secuestro y la extorsión económica como prueba de sus intenciones de paz (Acuerdo Puerta del Cielo), las discrepancias con el gobierno de Andrés Pastrana, aunadas a las dificultades políticas para definir una zona de despeje, llevaron a la guerrilla a retomar esta práctica.

En consecuencia, los frentes rurales y urbanos, así como las regionales con presencia en el Valle del Cauca, incrementaron la ejecución de secuestros extorsivos bajo una lógica de violencia focalizada contra las élites económicas y políticas de Cali y su zona rural. Fue así como se constituyó el corredor para el tránsito de secuestrados sobre Los Farallones hacia el Naya, en la ruta La Vorágine-Peñas Blancas-La Elsa. Allí llegaron las víctimas del rapto masivo en la iglesia La María.

El 30 de mayo de 1999, cientos de feligreses se encontraban en la eucaristía de las 10 a.m. en la capilla de la iglesia La María, ubicada en el barrio Pance, entre la carrera 127 y la avenida Cañasgordas de la ciudad de Cali, uno de los sectores económicamente más pudientes de la ciudad.

La eucaristía era celebrada por el párroco Jorge Humberto Cadavid.

las 10:30 a.m., un comando del frente José María Becerra del ELN irrumpió en la iglesia. Los hombres armados aseguraron pertenecer al Gaula de la Policía. Luego se acercaron al púlpito y hablaron con el sacerdote para alertarlo sobre una supuesta bomba.

Una vez afuera del recinto, los integrantes del ELN les ordenaron a los feligreses subir a dos furgonetas que tenían estacionadas en el patio de la iglesia.

Al encontrar resistencia, los guerrilleros realizaron disparos con arma de fuego para intimidar al grupo de feligreses. Algunas personas que no quisieron seguir las órdenes fueron amenazadas de muerte.

“En el momento del secuestro yo no quería subirme al carro, el guerrillero me puso un fusil en la cara y me dijo, pues, me amenazó. Mi hijo -tendría, pues, en ese momento tenía 13 años- me dijo "No te hagás matar”"

Mujer, empresaria, víctima del secuestro en La María.

Los furgones, cargados con las personas secuestradas, partieron por la vía Cañasgordas rumbo a Jamundí donde hicieron la primera parada. Allí las personas raptadas fueron recibidas por más miembros del ELN.

Al final del día, quedaron 93 personas en poder del ELN. De las 194 secuestrados inicialmente, 86 fueron dejados en el camino, en medio de un operativo de gran envergadura realizado por las Fuerzas Armadas. Otros 15 escaparon de sus secuestradores en la glorieta de Alfaguara y en la vereda La Estrella en Jamundí.

La guerrilla movió a los secuestrados por la región del río Naya, que va desde los Farallones, en el Valle del Cauca, hasta el norte del Cauca y el litoral Pacífico.

Entre el 2 y el 30 de junio fueron liberadas alrededor de 55 personas, algunos con intermediación de la Iglesia Católica. Los 38 secuestrados restantes fueron dejados en libertad después de que sus familiares realizaran el pago del rescate a la guerrilla.

El 12 de diciembre de 1999 fue dejada en libertad la última persona secuestrada por el ELN en la iglesia La María.

"“A nosotros no nos abordó nadie, de ninguna entidad, de absolutamente nada. Yo no recuerdo que a mí me hubiera preguntado el Ejército ¿en dónde estuvo? que me hubieran sacado información. […] A mí no me preguntaron nada, a mí no me vio nadie, ni un médico, ni psiquíatra, ni judicial, ni policía; nadie me dijo nada, ni me preguntaron nada. A ninguno de nosotros nos preguntaron nada”

Víctima de secuestro en La María

Las acciones del ELN comenzaron a desescalar en el Valle del Cauca a partir del 2003. El frente José María Becerra vio debilitada su capacidad de dominio territorial por causa de los operativos desarrollados por el Ejército para liberar a las víctimas de los secuestros masivos de La María y el kilómetro 18.

Desde entonces, en la región solo comenzó a hacer presencia el Frente Luis Carlos Cárdenas de esa guerrilla.

Los impactos del secuestro se relacionan con otras violaciones a los derechos humanos en la región. Quienes lo padecieron sufrieron tratos crueles e inhumanos y sus familias fueron extorsionadas y amenazadas. Esto afectó a las comunidades y tuvo consecuencias adversas para la economía y la percepción de seguridad.

Igualmente, el secuestro representó una interrupción en la vida de quienes lo padecieron, afectando su proyecto de vida y condiciones económicas. La escucha de la Comisión dio cuenta del exilio como otra modalidad de violencia que afectó a varias víctimas.

En el caso de las compañeras de hombres secuestrados, los impactos psicosociales fueron agravados por la sobrecarga de roles, pues debieron asumir completamente el sustento económico y emocional del núcleo familiar. Algunos adolescentes sufrieron de depresión y se vieron obligados a asumir una madurez temprana “a la fuerza”, para emprender la lucha activa por la liberación de sus padres. También hubo una estigmatización por la sobreexposición en los medios de comunicación y desconfianza en las instituciones.

En cuanto a los impactos durante la privación de la libertad, estos van desde enfrentar las amenazas de muerte, a la incertidumbre por carencia de información sobre la negociación y la falta de control sobre la protección de su familia. Otras afectaciones a nivel psicológico incluyen el constante miedo y terror que causaban los helicópteros del Ejército y el sentirse constantemente entre la vida y la muerte.

Las familias de los secuestrados, por su parte, fueron cobijadas por una sensación de impotencia frente a la violencia. Además, se identificó que muchos de los parientes de las víctimas incrementaron sus responsabilidades (sobrecarga en el rol materno) y que los hijos de los secuestrados sufrieron dificultades académicas y tendencia al aislamiento o alejamiento del núcleo familiar.

A partir del secuestro masivo de la iglesia La María se presentaron estrategias de resistencia impulsadas por víctimas directas del secuestro, sus familiares y las personas que apoyaron el proceso de movilización social y política por la liberación de los rehenes.

Entre las acciones se destacan la creación de la Zona de Distensión en la Plaza de Toros de Cali, que congregaba inicialmente a familiares de las víctimas de La María y luego se amplió a los del secuestro del kilómetro 18. También se llevaron a cabo distintas movilizaciones y se crearon organizaciones –como la Corporación de Víctimas de Secuestro La María y Vallenpaz– que sirvieron como apoyo emocional a las familias y desde donde se impulsaron acciones en contra del secuestro.

Otro afrontamiento a tener en cuenta ha sido la conmemoración a lo largo del tiempo. Después del secuestro, un grupo de personas se ha reunido durante más de 20 años para compartir y recordar este suceso que marcó de por vida a las víctimas directas e indirectas.

La participación en los eventos conmemorativos también ha sido una una forma de reencontrarse con personas que tuvieron la misma experiencia y de mantener la memoria de las víctimas que perdieron la vida. De esta manera, se implementaron actividades como la meditación, acompañamiento espiritual, ampliar el círculo social, buscar acompañamiento psicológico y reorganizar las prioridades de la vida.

Entre las resistencias se observa la campaña que lideraron los familiares para el no pago de secuestros, basados en el impacto que estas extorsiones tenían en la calidad de vida de las familias. El colectivo también llamó la atención sobre sus familiares secuestrados y atendían a otras personas con problemáticas causadas por el conflicto.

En cuanto a las víctimas, se sabe que el grupo siguió cohesionado después del secuestro y que usaron la influencia que tenían en la ciudad para hacer cabildeo sobre temas de interés relacionados con el conflicto. Además, realizaron alianzas con instituciones como la Universidad del Valle y se establecieron como una organización sin ánimo de lucro que apoya a otras familias que pasaron por la tragedia del secuestro.

En conclusión, el afrontamiento y la resistencia a través de la vinculación con otras personas que vivieron el mismo percance ha sido una gran ayuda para avanzar y seguir construyendo la vida. Especialmente, cuando es el arte, la comunicación y la espiritualidad las que llenan el vacío y el rompimiento de la cotidianidad, resultado del secuestro. De allí los encuentros que ayudan a las víctimas a recuperarse de la mano de otras víctimas que vivieron la misma tragedia, procurando ejercicios de resiliencia, convivencia y la reconstrucción del tejido social.