Aunque a lo largo de las últimas cuatro décadas el secuestro fue usado por las guerrillas como un mecanismo para la exhibición de su poder militar y como un crimen que permitía ganar posiciones en negociaciones con los gobiernos de turno, este crimen del secuestro se asoció más como mecanismo que aseguraba financiación a la guerra que libraban. El 27 de febrero de 1980, un comando del M-19 irrumpió en la fiesta que ofrecía el embajador de República Dominicana en Bogotá a varios diplomáticos, entre ellos, el embajador de Estados Unidos en Colombia. Durante 61 días el Gobierno Nacional barajó varias acciones, mientras el evento tenía un cubrimiento nacional e internacional por parte de los medios. Finalmente se negoció la entrega de un millón de dólares y secuestrados y secuestradores viajaron a Cuba donde se cumplió la liberación.

Un año después, en 1981, el M-19 secuestró a Marta Nieves Ochoa, hermana del denominado clan Ochoa, el cual hacía parte del Cartel de Medellín. La reacción a este hecho fue la creación del grupo Muerte a Secuestradores (MAS) por parte de los narcotraficantes de dicho cartel. El MAS mostró las alianzas entre actores del narcotráfico y agentes del Estado en su lucha contrainsurgente, lo que produjo, como es sabido, un escalamiento del conflicto armado en el país y en la región de Urabá hacia finales de esa década.

La expansión de las FARC-EP después de la Séptima Conferencia (1982) también significó un aumento de los secuestros en todo el país. La práctica criminal financió una parte de su aparato militar y le permitió a la guerrilla presionar a los gobiernos en las eventuales negociaciones. De hecho, las FARC-EP acordaron una tregua a los secuestros con el gobierno de Belisario Betancur durante los Acuerdos de a Uribe (1984-1987). Pero la guerrilla no cumplió este compromiso y llevó a cabo 34 secuestros durante estos años.

Mapa: ubicación de Farc después de Séptima conferencia

En la década de los noventa, con la Octava Conferencia, las FARC-EP fijó lineamientos internos que organizaron tanto su posición frente al secuestro como estructura de las finanzas para sostener la guerra. De acuerdo con la guerrilla, debían buscar “nuevas formas de ingresos que garanticen el cumplimiento de las metas trazadas”, teniendo en cuenta que las finanzas eran la “columna vertebral para el desarrollo y el cumplimiento del Plan General de los ocho años”.

Pero en ese escenario de mayores costos de la guerra, el secuestro no solo tenía como fin asegurar parte de la financiación junto al involucramiento de las FARC-EP en las rentas del narcotráfico, sino que también se convirtió en una estrategia política y militar. Los secuestros a militares y policías, así como a actores políticos mostraron que la guerrilla encontró en el secuestro una formidable manera de mostrarse con capacidad militar y de pretender ejercer un control sobre parcelas del Estado.

En el Caribe colombiano, por su parte, el Bloque Caribe se había conformado en el marco del crecimiento de la guerrilla de las FARC-EP. Las entrevistas con excombatientes han evidenciado que el secuestro representó uno de los mecanismos de financiación de la guerra en esta región, aunque no la única.

“Siempre en las FARC-EP salieron la Ley 0001, 0002 y 0003. La 0002 es donde habla de la cuestión de las... una cuota. Pero esta cuota se le aplicaba era a los que tuvieran con qué: o sea a los ricos era que se le aplicaba. Porque nosotros siempre dijimos: "Si los ricos están financiando al Ejército y paramilitares: ¿por qué no nos van a poder ellos financiar a nosotros?". Entonces nosotros le aplicábamos eso era a los ricos. Quien se resistía a pagar esa cuota, entonces lo reteníamos o reteníamos la mujer o un hijo ¡pero que ya fuera mayor de edad”, dijo a la Comisión un excombatiente del Frente 19.

Esta idea de identificar a los ricos con unas posiciones sociales y económicas específicas en el mundo rural dio paso a que fueran los ganaderos uno de los principales actores económicos de la región que más experimentaron este flagelo. En la forma de construir al otro, la guerrilla veía en el ganadero un enemigo de clase, cuya actividad económica tenía que ser afectada directamente. Lo anterior hay que comprenderlo en el marco de una sociedad rural en donde primordialmente actuó las FARC-EP en el Caribe y, sobre todo, comprender el rol social, cultural, político y económico que implicaba poseer tierras para la actividad ganadera.

“Las retenciones existían una, de tipo económico, dos, de tipo político. Entonces a veces reteníamos a una persona económicamente y después de una inteligencia que se hacía se le exigía cierta cantidad de dinero para poder ser liberada, y ese dinero servía para nuestra alimentación, uniformes, todas nuestras necesidades. También, pues, con la retención política pues cuando había un político o algo que estuviera haciendo corrupción o estaba haciendo malos manejos en el municipio se retenía. Se le decía, usted está haciendo esto y esto, ojo con eso. Y el político a veces se abstenía de seguir haciendo corrupción”, manifestó a la Comisión un excombatiente de esa guerrilla.

El secuestro entonces se movió entre un crimen articulado a una inteligencia previa y otros que respondían a las contingencias de presión económica cotidiana, que se traducían en secuestros llevados a cabo por pocas horas o pocos días. En estos últimos, generalmente las retenciones ya no solo recaían en sectores económicos adinerados, sino también en ciudadanos que transitaban o vivían en territorios con presencia y control de las FARC-EP.

La otra modalidad de secuestro utilizada por las FARC-EP fueron las llamadas “pescas milagrosas”. Aunque la guerrilla ha contado que varios de estos retenes tenían por objetivo ejercer presión militar, demostrar poderío y provocar confrontaciones, los casos documentados por la JEP y los testimonios recogidos por la Comisión de la Verdad en el Caribe dan cuenta de que las “pescas milagrosas” se convirtieron en prácticas recurrentes en zonas estratégicas como la troncal de occidente, que atraviesa los Montes de María.

Este fenómeno se dio en el marco de los inicios de la política de Seguridad Democrática, la cual representó cambios muy rápidos en las posiciones de la guerra. El secuestro se convirtió entonces en un mecanismo rutinario de financiación y en la expresión más visible de la capacidad que tenía las FARC-EP de ejercer un control sobre el territorio.

Pero también era evidente que desde mediados de los noventa las FARC-EP había encontrado un arma adicional: el secuestro a políticos y militares como estrategia de fortalecimiento político ante negociaciones e intercambios humanitarios, o por sus actividades económicas y la visibilidad pública, consideraban a los políticos como “secuestrables”.

En el contexto del Caribe, el secuestro introdujo trayectorías y desenlaces distintos. Si bien las pescas milagrosas demostraban una estrategia más masiva de búsqueda de recursos, apelando más a un control territorial sobre carreteras y las troncales, y en el que diferentes sectores de la población se vieron victimizados, el secuestro de los miembros del gremio ganadero en el Cesar propició una de las victimizaciones más dolorosas de la región, como veremos en el siguiente capítulo.

La actividad ganadera, que tenía peso en el Producto Interno Bruto (PIB) de la región, fue un blanco fácil en el conflicto armado interno. Mientras los pequeños ganaderos sufrían por la atrocidad de los hechos generados por la violencia, los medianos y grandes se debatían entre la espada y la pared, al tener que decidir si aportaban o no a una guerra en la que ya estaban involucrados. Algunos prefirieron resistir, pagar “la cuota”, otros, sin más preámbulos, aportaron sus recursos económicos y logísticas para fortalecer a los grupos paramilitares y se convirtieron en parte del conflicto, como lo ha demostrado la justicia Colombiana en los últimos años.

En este contexto, la llegada y expansión de guerrillas al departamento del Cesar en las décadas del setenta y ochenta coincidió con un momento de agitación social y política, crisis campesina y una ganadería que se erguía como uno de los principales renglones de la economía del departamento, que además de tener uno de los más grandes hatos de ganado en el Caribe, ya contaba con industrias procesadoras de lácteos, como Cicolac (1962), Coolesar (1972) y Klaren’s (1985).

Hacia mediados de los ochenta, el Ejército de Liberación Nacional – ELN, se expandió desde el sur del Cesar hacia la Serranía del Perijá, con el Frente 19, y hacia la Sierra Nevada de Santa Marta, con el Frente 6 de diciembre. Entre tanto, la guerrilla de las FARC-EP se expandió, en 1988, hacia la Serranía del Perijá, con un plan estratégico para la lucha por la toma del poder, que implicaba un reconocimiento de la zona para ver en qué condiciones vivían los campesinos y desarrollar actividades de inteligencia a cargo de guerrilleros entrenados que rastreaban a las personas adineradas que luego se convertirían en fuentes obligadas de financiación de la guerra insurgente en la región.

Durante este periodo, el ELN y las FARC-EP requerían recursos para sostenerse y fortalecer sus tropas, y acudieron a múltiples mecanismos de financiación, entre ellos la extorsión, el secuestro, las colaboraciones voluntarias, etcétera. Municipios como la Jagua de Ibirico, Chimichagua, Curumaní, Pailitas, Codazzi, El Copey, Pueblo Bello, Chiriguaná, Becerril, Aguachica y Valledupar registraron altos niveles de secuestros de los que eran víctimas, principalmente, ganaderos, palmeros, empresarios de la minería y políticos.

“Había mucho empresariado y muchos empresarios de esos, nosotros tuvimos la facilidad de hablar con ellos, entonces nos aportaron mucho, además porque también teníamos una ventaja que usted sabe que ‘Simón Trinidad’ era de acá, mucha gente buscaba a Simón, conversaba con Simón Trinidad. Ahí no había presión, había gente que los buscaba pa decirle, Simón, mira, aquí está esta platica pa’ que compres el arroz, entonces no había una presión así de esa manera”, contó a la Comisión un excombatiente del Frente 41 de las FARC-EP.

Mapa del secuestro de farc en el país.

Para la ideología insurgente, los ganaderos eran los enemigos de clase, los ricos y los adinerados de los pueblos; eran el camino para la financiación de la guerra, el sector cuya actividad económica sobresalía en comparación a otros renglones de la economía.

Fue así como las FARC-EP, con fuerte presencia en el departamento del Cesar, vieron en el ganadero «la riqueza saqueable», como lo expresó la investigadora académica Gloria Gallego en conversaciones con la Comisión de la Verdad. La riqueza del ganadero, quien además es considerado rico por los grupos armados ilegales, está a la mano, al alcance; muchos viven en sus fincas, otros van frecuentemente a ellas, y esas fincas en zonas rurales, fuera del radar de la fuerza pública, crearon condiciones para que el secuestro de tipo extorsivo aumentara a mediados de los años noventa.

“El frente 41 de las Farc me secuestró hacia Becerril, y me liberó a cambio de una importante suma de dinero. En el año 1996 me robaron 160 reses y me obligaron a desplazarme de mi finca durante 11 años. En la finca de mis padres también nos hurtaron 700 cabezas de ganado entre 1989 y 1995”, relató una víctima, a la Comisión de la Verdad.

La escucha adelantada por la Comisión de la Verdad a más de 35 Ganaderos en el Cesar da cuenta de la victimización al gremio por todos los grupos armados ilegales, guerrillas y paramilitarismo, lo cual se sustenta con el consolidado de víctimas, enlistados con nombre y municipio, además de muchos testimonios, incluidos en el informe de la Fundación Colombia Ganadera «FUNDAGÁN» registra alrededor de 3293 víctimas del conflicto armado, de hombres y mujeres del gremio ganadero que se han declarado. De ese compilado, se incluyen los nombres de 1354 ganaderos víctimas en la Región Caribe. En el departamento del Cesar se concentran el 41% de las víctimas, 216 asesinatos y 352 secuestros a ganaderos.

Aunque fueron las guerrillas del ELN y las FARC-EP los principales responsables de secuestros a ganaderos en el departamento del Cesar, la llegada del paramilitarismo también trajo consigo secuestros y extorsión a miembros de este gremio.

“Los paramilitares de mi finca se llevaron 180 vacas, de los primos se llevaron otros tantos y se llevaron los animales. Una historia que le pasó a mi tío Álvaro, levantaron a fúsil, a pistola y a machete, cuando ya se les acabó la munición que tenían ellos en ese momento a machete. Le mataron a más de 500 reses ¿tú sabes lo que son 500 reses? metidas así, muertas de un momento a otro, eso lo hizo la guerrilla. Y después vinieron los paracos y se llevaron un ganado que volvió a comprar. Entonces nosotros no tuvimos suerte ni con los unos, ni con los otros”, le dijo a la Comisión un ganadero que fue víctima de secuestro en la región.

Por otro lado, por ser el Cesar un departamento de vocación pecuaria, muchas de las familias vinculadas a las actividades relacionadas con la ganadería fueron víctimas de secuestro y extorsiones por parte de las diferentes guerrillas, esto ocasionó pérdidas económicas y llevó a la quiebra a muchas familias. La Comisión de la Verdad en su proceso de esclarecimiento evidenció que los ganaderos no son un gremio uniforme en la manera como vivieron y reaccionaron ante la guerra en sus territorios. A unos no les tocó el secuestro, otros fueron secuestrados por la guerrilla del ELN o de las FARC-EP. Y otros fueron extorsionados y secuestrados por paramilitares. Unos fueron victimizados primero por las guerrillas y luego por los paramilitares. Otros reaccionaron buscando protección de paramilitares, y algunos se convirtieron en financiadores.

Los repertorios de hechos violentos vinculados al secuestro constituyen una fuerte fractura de la vida de la persona, de sus familiares y del tejido social de la comunidad a la que pertenece. El secuestro distorsiona el diario vivir, el curso normal de la vida y, aun con la rabia, el dolor y la tristeza, trae consigo sentimientos esperanzadores: «Estuvimos en esa zona donde uno está entre Venezuela y Colombia, y que puedes pasar la frontera y no te das cuenta en qué momento la pasaste. Los árboles eran inmensamente grandes. Eran unos árboles espectacularmente grandes. Nada. Todo el tiempo de amenaza, un tiempo de esperanzas en las mañanas. La esperanza nacía, amanecía con la esperanza de que ese fuera el día en que yo iba a estar libre. Y me dormía con la tristeza y el pesimismo de que no fue, de que ese día no fue», narraba a la Comisión un ganadero secuestrado del Cesar.

De esta manera, mientras la persona secuestrada enfrenta las dificultades de la privación de su libertad, que en muchas ocasiones implica sobrevivir también a las inclemencias de zonas agrestes, no recibir alimentación, ser amarrado a árboles a la intemperie, soportar extenuantes caminatas y otras formas de tortura que pueden llegar muchas veces hasta la muerte; esposas, padres, hijos y el resto del núcleo familiar y las redes de amistades deben someterse a la zozobra de su ausencia, a la incertidumbre de no saber cómo se encuentra.

El flagelo del secuestro ha tenido la particularidad del rol representativo de las mujeres en las negociaciones de la liberación de sus esposos, dado que el mayor número de personas secuestradas el Cesar corresponden al género masculino. En este sentido, fueron las esposas y madres las víctimas de la angustia y las carreras contra el tiempo para poder reunir las altas sumas de dinero exigidas por los actores armados ilegales. Se conocen casos en los que mujeres, de manera estratégica e inteligente, lograban la reducción de las exigencias económicas para la liberación de sus esposos o hijos, que hoy aseguran deberles la vida a la fortaleza de ellas.

Los impactos del secuestro sobre los ganaderos y sus familias en el Cesar han sido incalculables y han atravesado todas las dimensiones físicas y psicosociales de sus seres; desde lo económico, pasando por la extorsión y pagos en sus rescates y hechos victimizantes que han desencadenado otros, como desplazamiento forzado, ante el inminente riesgo de volver a vivir esa situación. Algunas familias debieron acudir a préstamos elevados, que no han logrado terminar de pagar, aunque hayan pasado ya años desde el hecho.

La cotidianidad y la salud mental de las familias y los secuestrados también se vio transformada. Sus relatos dan cuenta de las secuelas emocionales y psíquicas derivadas de la experiencia traumática del secuestro, asociadas a sentimientos de miedo, ansiedad, alteraciones mentales y del sueño, que en muchos casos perduran en el tiempo sin recibir ningún tipo de atención o reparación.

“Después del secuestro, ellos volvieron, otra vez, otra vez la misma extorsión: Entonces, volvieron y empezaron, otra vez, las cartas, las cartas y las exigencias económicas […] El frente 59, La exigencia económica, otra vez. Entonces, ya mi papá dijo: "Ya aquí no hay más plata de dónde sacar. Nos quedamos aquí metidos, en el apartamento, no podemos salir a más ningún lado". Entonces, no, no volvió a salir, no volvió a ir a la finca, no volvió a ir a Patillal y la presión era más grande. Que nos iban a asesinar si no pagábamos. Es que no, no pudimos salir a más nada, ni trabajar más”, confesó a la Comisión un ganadero víctima de este flagelo en la región.

La desconfianza en las instituciones del Estado en la sociedad, en los vecinos, en el transitar por los caminos, son también impactos del secuestro sobre sus víctimas, por cuanto no encontraron una respuesta y ayuda efectiva por parte del Estado que les garantizara la seguridad, el acceso a la justicia, la reparación y garantías de no repetición.

En los espacios de Escucha de la Comisión también se conocieron testimonios de acciones de liderazgo y toma de decisiones sobre el entorno inmediato como una estrategia de afrontamiento que adoptaron los sobrevivientes para hacerle frente a las experiencias vividas del secuestro. Otros optaron por dar sentido positivo a la experiencia traumática y acudieron al arte durante su permanencia en cautiverio, inventándose artesanías con los elementos que encontraban en el monte.

Las FARC-EP con el secuestro generaron un miedo colectivo, y la idea de ser secuestrado se hizo más patente en algunos grupos sociales. Aunque el secuestro no estuvo restringido a ellos, docentes, comerciantes, transportadores y gente del común también lo sufrieron. Las dos troncales del Caribe –de Oriente y de Occidente–, al igual que las carreteras intermunicipales y las vías terciarias, se convirtieron en lugares de riesgo por cuenta de las llamadas pescas milagrosas, estrategia del grupo armado ilegal para hacer rutinario el crimen y extenderlo a muchos sectores sociales. Con el aumento de los secuestros por parte de las FARC-EP, el rechazo nacional se hizo cada vez más fuerte y le aseguró a ese delito un lugar especial en la indignación de la sociedad colombiana. Los firmantes del Acuerdo de Paz de 2016 deben continuar con su apuesta por el reconocimiento de responsabilidades y con las solicitudes de perdón ante los secuestrados de la región y del país.