La paradoja de Buenaventura está narrada en versos de resistencia que vuelan con el brío del océano Pacífico. En sus creaciones, decimeros y versadoras repasan los holocenos del pasado comunitario y cuestionan por qué a pesar de ser el principal puerto del país y la puerta de salida al circuito económico de Asia Pacífico, el 63,5 por ciento de los hogares de su casco urbano vive en la pobreza multidimensional y el 91,6 por ciento de los pobladores de la zona rural se encuentra en situación de vulnerabilidad.

Precisamente, los narradores y narradoras orales, víctimas, líderes sociales, excombatientes y demás fuentes consultadas por la Comisión coinciden en que esta contradicción entre un puerto próspero que aporta riqueza a la Nación y una población hundida en la pobreza y la violencia, es parte del contexto que explica la persistencia del conflicto armado en la región.

El derrotero de este período borrascoso de la historia comienza en 1961. La creación de puertos de Colombia (Colpuertos) marcó un hito en términos del poblamiento y la economía de la ciudad. Las olas migratorias locales y regionales, atraídas por las posibilidades que ofrecía el nuevo puerto, gestaron transformaciones socio-económicas y nuevas condiciones sociales para las familias de la ciudad que empezaron a contar con acceso a más servicios básicos y a condiciones favorables en educación y aumento de la capacidad adquisitiva.

La llegada de nuevos inversionistas del interior del país también propició graves hechos de violencia contra los pobladores de la ciudad. En 1966, el proyecto de ampliación de la zona franca del puerto implicó el destierro de los habitantes de baja mar que se negaron a vender sus viviendas en los barrios Cristo Rey y Balboa.

En ese año llega una draga para realizar la expansión del puerto, empezaron a comprar las casas del barrio. Muchas de las personas que vivían en el barrio, se negaron a vender su casa. La draga sepultó varias casas y echaban agua para sacar a la gente. También hubo varios incendios provocados para desalojar a la gente de sus viviendas”, declaró a la Comisión un líder social del municipio.

La bonanza portuaria también aceitó a las mafias. En 1993, cuando el Gobierno Nacional optó por la privatización de Puertos de Colombia, la ciudad había sido invadida por el contrabando y algunos comerciantes foráneos que recurrieron a alianzas con Fuerzas Armadas del Estado para perpetrar “limpiezas sociales” y apoderarse de la apetecida zona comercial de San Andresito. Este engranaje sicarial acabó con la vida de decenas de jóvenes señalados de pertenecer a bandas de contrabandistas en la región.

En el siglo XXI, la condición de ciudad puerto siguió estando asociada a la violencia persistente en el territorio gracias a la implementación del Plan de expansión portuaria por parte del Estado.

Aunque no se han podido demostrar los vínculos directos entre empresarios y actores armados para el caso de las violaciones a los derechos humanos en las áreas de influencia de los proyectos portuarios, se encontró evidencia de que algunos propietarios de los predios situados en el área de influencia del terminal TCBUEN se veían obligados a vender y reubicarse en otras zonas por temor a las amenazas y los continuos enfrentamientos entre los grupos armados.

¿Qué hacían los bandidos?, encañonaban a las personas que hacían resistencia y les decían, vayan vendan en 7 millones, meda tres y se va con 4, mucha gente le sucedió eso, andan volando por las calles o irse a una invasión a hacer algo, porque les tocó sí o sí vender. Porque usted está viviendo al lado de la casa de gente que está al servicio de los dueños de las empresas”, declaró a la Comisión un líder de la ciudad.

4.000 habitantes de baja mar fueron reubicados por el Estado en la Ciudadela San Antonio. Foto: CEV.

La construcción del malecón Bahía de la Cruz, otra de las obras contenidas en el Master Plan, también afectó a los barrios ubicados en la comuna 1, 2, 3 y 4 de Buenaventura del sector de la Isla. Los impactos fueron sentidos especialmente por los pobladores del sector La Playita y San José. Algunos testimonios recogidos expresan que la administración municipal tenía intereses en la construcción de la obra y en el desalojo de los pobladores.

De igual forma, es preciso acotar que muchos de los 4.000 habitantes de la zona que fueron reubicados por el Estado en la Ciudadela San Antonio decidieron retornar a sus hogares en baja mar por cuenta de que, según ellos, este proyecto no ofrecía condiciones de vida digna y a que obtienen su sustento principalmente de la pesca en los esteros y de las ventas informales en el sector de la Isla.

Es posible determinar que en la última década el desalojo, reubicación y desplazamiento de la población de la zona de la isla hacia el continente tiene relación con una política de cambios en los usos del suelo para la infraestructura portuaria y gentrificación social que ha buscado reordenar el espacio urbano, trasladando a la gente de los barrios de baja mar a la parte continental y destinando la isla para los estratos altos y medio (funcionarios estatales, de ONG internacionales, etc.) y para los servicios hoteleros.

A esto se suma la pérdida de los espacios productivos de uso y aprovechamiento, causados por los daños ambientales producto de la construcción de los terminales portuarios en ecosistemas marinos como el estero de Aguacate o el San Antonio, donde desaparecieron especies de peces y moluscos que hacían parte de la dieta alimentaria de los habitantes de la zona.

Fue a mediados de la década de los noventa cuando el Frente 30 de las FARC incursionó por primera vez en Buenaventura. Decenas de guerrilleros bajaron de los farallones para asentarse en la vía al mar y en las cuencas de los rios Raposo, Mayorquín, Naya, Yurumanguí, Cajambre y Anchicayá, en la zona rural de la ciudad. La orden era clara: controlar las principales carreteras de la región. Para consolidar este objetivo, implementaron retenes, secuestros extorsivos, “limpiezas sociales”, quemas y robos de camiones de carga.

La violencia aterrizó por todos los flancos. En 1999, cuatro años después de la masacre de 5 jóvenes acusados de robar en la vereda Zabaletas, miembros de esa agrupación armada retuvieron a cerca de cien trabajadores de la hidroeléctrica de Anchicayá. De acuerdo al testimonio de un excombatiente del frente Manuel Cepeda, la toma de la hidroeléctrica se realizó como protesta frente a la privatización del sector energético nacional y la falta de responsabilidad social de la empresa con las comunidades de Anchicayá, territorio que para ese momento no contaba con energía eléctrica ni vías de acceso transitables.

Con la expansión del Frente urbano Manuel Cepeda Vargas, las acciones bélicas y los secuestros extorsivos de trabajadores del puerto, sindicalistas y comerciantes se convirtieron en el pan de cada día de los bonaverenses. El 22 de abril de 2005, miembros de esa guerrilla arrojaron una granada que dejó a un niño muerto y a trece personas heridas. Ocho meses después, el mismo grupo atacó el Terminal Marítimo con una lancha bomba que explotó frente a los muelles 10 y 11, y acabó con la vida de tres personas.

La estrategia de guerra de las FARC en Buenaventura también se caracterizó por la puesta en marcha de un “Plan Pistola” que orquestó asesinatos selectivos de miembros de la Policía con ayuda de jóvenes milicianos que residían en diferentes barrios de la ciudad. No obstante, las dificultades en la comunicación, pues las comandancias de los frentes 30 y Manuel Cepeda siempre estuvieron ubicadas en las cuencas de los ríos de la zona rural, permitió que los milicianos cometieran muchos asesinatos y violaciones sexuales a nombre de la guerrilla.

De igual forma, la falta de formación política de los milicianos, que privilegió la acción militar sobre la política, impidió la constitución de una base social y redes de apoyo amplias para la guerrilla, como sí había ocurrido en otras regiones del país. Estas dificultades provocaron que los vínculos entre los mandos y los milicianos fueran frágiles y permitieran la deserción y el cambio de bando de sus integrantes. Los errores derivaron en la derrota militar del frente urbano como consecuencia del asesinato y captura de sus principales comandantes en el año 2008.

“Los paramilitares llegaron aquí blancos, reclutaron negros y ahora sí esos negros fueron los que empezaron a frentiar”, narró a la Comisión Harrison Moreno, líder social de Buenaventura. La frase del activista resume las inflexiones de uno de los capítulos más dolorosos del conflicto armado en la ciudad.

La violencia desplegada por las Autodefensas Unidas de Colombia-AUC entre los años 2000 y 2005 implantó una constante sensación de miedo y zozobra en los bonaverenses. De acuerdo con datos recopilados por la Comisión, este grupo armado sería el responsable del mayor número de hechos de conflicto en la región. En segundo lugar aparecen las guerrillas, seguidas por la Fuerza Pública.

Las masacres, los asesinatos selectivos y el desplazamiento forzado fueron las violaciones a los derechos humanos más frecuentes en este capítulo del conflicto armado en Buenaventura. Tan solo entre 2000-2003 se cometieron 19 masacres, con 118 víctimas, y 36.165 personas se vieron obligadas a huir de sus territorios. La cifra representa el 64% de la población desplazada en el Valle del Cauca y los tres municipios de la costa caucana juntos.

En cuanto al balance de homicidios, se pudo determinar que los grupos paramilitares asesinaron a por lo menos 3.210 personas entre 1998 y 2003 , lo cual representa el 59,4% del total de los casos registrados en todo el departamento del Valle y los tres municipios de la costa caucana juntos, durante ese mismo lapso de tiempo. En promedio, las autodefensas asesinaron a dos personas por día.

La estrategia para “acabar con la guerrilla” en la ciudad implicó peligrosas alianzas entre paramilitares y empresarios de la región. Una exfuncionaria de la ciudad relató a la Comisión que en el año 2000 se realizó en la Cámara de Comercio de Buenaventura una reunión entre Vicente Castaño (hermano de Carlos Castaño, jefe máximo de las AUC) y comerciantes del puerto con el objetivo de consolidar un frente de defensa ante las extorsiones, secuestros y continuas quemas de camiones de carga que afectaban al gremio.

Un testimonio de un exparamilitar recogido en un informe del Centro Nacional de Memoria Histórica señala que las autodefensas eran apoyadas por “pesqueras como Incolpesca, Bahía Cupica, Manaba, Playa Nueva (...) Los comerciantes de San Andresito todos nos pagaban una cuota, los comerciantes de las ganaderías del pueblo de Pueblo Nuevo y Juancho, Transportes J.G.M., de Julio Martínez, unos comerciante de abarrotes allá, los más grandes comerciantes de abarrotes que son conocidos como los “Care’palos”.

La connivencia de estos actores permitió la creación del Frente Pacífico, el cual, desde Buenaventura, ayudó a financiar al Bloque Calima con los aportes de los empresarios y el cobro de gramaje a los narcotraficantes que sacaban drogas por los ríos y costas del Pacífico. Este andamiaje facilitó el ingreso de armas provenientes de Centroamérica y subvencionó el pago total de la nómina y los medios logísticos del bloque en otras zonas del país.

En cuanto a las alianzas de los paramilitares con la Fuerza Pública, una sentencia de la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior del Distrito de Medellín, de 9 de diciembre de 2014, contra Jesús Ignacio Roldán Pérez, alias Monoleche, ratifica que la expansión del Bloque Calima de las AUC fue posible gracias al apoyo y coordinación de militares y soldados, de hecho, varios de sus dirigentes habían formado parte previamente del Ejército colombiano.

Los nexos de las autodefensas también se extendieron a la clase política local y regional. En el proceso contra el senador Juan Carlos Martínez Sinisterra, condenado a prisión en 2011 por sus vínculos con las AUC, Ever Veloza, alias HH, hizo mención al apoyo y presión que ejercieron los paramilitares por la candidatura a de Saulo Quiñonez, alcalde del municipio durante el periodo 2004-2007.

Además de la persecución a guerrilleros o personas señaladas de tener vínculos con estos grupos, durante la fase de “romper zona” las acciones violentas del Bloque Calima se orientaron hacia integrantes de organizaciones de delincuencia común porque consideraban que si se les permitía crecer, podían servir de apoyo a los grupos armados rivales. No obstante, con el tiempo se dio una cooptación de los miembros de estas organizaciones ilegales, quienes ante la amenaza de la presencia de los paramilitares, solicitaron unirse a sus filas.

Esta forma eficaz de reclutamiento hizo posible que a las filas paramilitares ingresaran, en los primeros dos años, alrededor de 180 personas que fueron empleadas posteriormente como “campaneros” o “mandaderos” de estas organizaciones. La fragmentación del conflicto en la ciudad dinamitó una serie de confrontaciones con los milicianos de las FARC que dejó a los pobladores en medio de las balas y sometió su tránsito a los límites espaciales entre sectores, regulados por los actores armados y conocidos como “fronteras invisibles”.

Mapa: posicionamiento de actores armados en el casco urbano de Buenaventura (2008).

Varias voces consultadas por la Comisión manifestaron que el entrenamiento aplicado por las autodefensas a niños y adolescentes se hacía con animales, matando, torturando o hiriendo a gatos y perros. Los menores también eran drogados, obligados a ver películas violentas para capacitarse en técnicas de asesinato y, a manera de prueba de lealtad, debían participar en actos de violación sexual o entregar a familiares a las filas de los grupos.

Otra estrategia utilizada por los grupos armados fue capitalizar el resentimiento, la rabia o el ánimo de venganza de algunos jóvenes cuyos familiares o amigos habían sido víctimas de la violencia. “Muchos de esos niños crecieron con la idea de coger las armas para vengar a su padre y a sus hermanos y matar al que desapareció a su tío. Crecieron con la ausencia de niñez, con la idea de que yo quiero crecer para ser como mi papá que manda aquí en el barrio”, explicó a la Comisión una ex funcionaria de la Personería de Buenaventura.

Esta pedagogía deshumanizadora formó a toda una generación de niños y niñas bonaverenses en las lógicas de la guerra. Ante la ausencia de oportunidades educativas y de empleo en la ciudad, los actores armados se convirtieron en los principales agentes socializadores para estas nuevas generaciones de bonaverenses.

La desmovilización de las autodefensas con el acuerdo de Justicia y Paz en 2004 dio paso a un nuevo ciclo de violencia en Buenaventura. Aunque muchos de los que retornaron a la ciudad sufrieron amenazas o fueron asesinados por las milicias de las FARC, otros, motivados por el ambiente de inseguridad y la lentitud en los subsidios del Estado, decidieron volver a empuñar las armas.

Los vientos de paz nunca llegaron a la región. El capítulo del conflicto comprendido entre los años 2005 y 2011 se caracterizó por la baja en los indicadores de homicidios y el incremento en las denuncias por desapariciones, desplazamiento intra-urbano y violencia sexual en el municipio.

“Desaparecen a cualquier persona, de hecho, hubo un niño de 12 o 13 años, que desapareció así de la nada (...) Todos van a dar a la isla Margarita, nosotros les llamamos isla calavera porque si usted va encuentra restos, pero también la institucionalidad la llama la isla pato”, manifestó a la Comisión un líder de la región.

Ni las entidades del Estado tienen la certeza de la dimensión de la desaparición forzada en Buenaventura. Entre el año 1997 y el 2021, según el Observatorio de Memoria y Conflicto del Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH), 697 personas fueron desaparecidas forzadamente. No obstante, el Sistema de Información de Red de Desaparecidos y Cadáveres (Sirdec) de Medicina Legal reportó 768 víctimas de ese delito para ese periodo, y en los registros de La Fiscalía General de la Nación dan cuenta de 1.128 procesos por desaparición forzada en Buenaventura para ese mismo lapso de tiempo.

La desaparición forzada no podría entenderse en Buenaventura sin su conexión con el fenómeno de las “casas de pique”, los cementerios clandestinos y las acuafosas. Numerosos testimonios describen que estas viviendas eran desmembradas y torturadas las personas, para luego tirar sus partes en bolsas a los esteros y quebradas que desembocan en el mar.

Las organizaciones de la ciudad han identificado cerca de 18 casas de Pique entre 2004-2021 y acuafosas ubicadas principalmente en los esteros Aguacate y San Antonio. Además, estaría la modalidad de los cementerios clandestinos ubicados en zonas baldías de los barrios.

En declaraciones ante la Comisión de la verdad, Ever Veloza, alias HH, afirmó que “la Fuerza Pública nos dijo que no dejáramos los muertos tirados en la carretera sino que los desapareciéramos porque eso, les subían los índices de homicidios a ellos y eso, los perjudicaba”.

Las denuncias por violencias de género, específicamente la violencia sexual, también aumentaron de forma alarmante durante este período. Aunque en las bases de datos del CNMH este repertorio tiene una baja frecuencia, en la base de datos del RUV y en los testimonios recogidos por la Comisión, encontramos que este hecho fue uno de los más recurrentes.La poca visibilidad de estas violencias se debe a dos factores: uno, los perpetradores casi siempre amenazan a sus víctimas para que no denuncien y dos, cuando la víctima logra hacer la denuncia, puede ser asesinada.

Testimonios recogidos por la Comisión dan cuenta de cómo la violencia se naturalizó hasta el punto de que las niñas debían entregar “su virginidad” al jefe del barrio. Esta situación llevó a algunas madres a huir hacia otras ciudades por temor a que sus hijas fueran abusadas.

Por otro lado, luego de la alta conflictividad generada en el período de postdesmovilizacion de las AUC, Los Rastrojos y la Empresa, bandas criminales relacionadas con el narcotráfico, entraron a disputarse a sangre y fuego a Buenaventura. El escalamiento de este conflicto en los últimos diez años ha generado desplazamientos y socavado los lazos de solidaridad y sociabilidad propios de las poblaciones del Pacífico.

El engranaje criminal que consolidó alianzas entre grupos armados, Fuerza Pública e institucionalidad local con el objetivo de apoderarse de capitales derivados del narcotráfico, la actividad portuaria, la especulación de terrenos y el comercio, también ha creado un escenario de desinstitucionalización que garantiza la impunidad y la reproducción de la violencia en Buenaventura. La desprotección, la inequidad y el empobrecimiento de la población son el resultado de este complejo entramado.

Es preciso acotar que este ecosistema de violencia bebe a diario de un racismo estructural presente en las acciones y omisiones del Estado frente a las violaciones de los Derechos humanos y territoriales, en el desprecio y negligencia de la Fuerza Pública y los actores armados ilegales frente a las víctimas y en general, en las distintas expresiones de la violencia.