La Comisión de la Verdad busca reconocer los impactos del conflicto armado interno en las víctimas y sus resistencias, así como las responsabilidades individuales y colectivas, como un primer paso para que, como sociedad, comprendamos y superemos nuestra historia de violencia y así evitemos repetirla.
El encuentro Pueblos indígenas en situación y riesgo de exterminio físico y cultural: su dignidad, resistencia y aportes a la paz reconoce los impactos del conflicto armado interno sobre los pueblos indígenas en Colombia.
La Comisión de la Verdad reconoce a los pueblos indígenas en su dignidad y como sujetos de derechos. Sus aportes a la construcción de la nación colombiana y a la paz necesitan ser conocidos por toda la sociedad.

Contar con las voces, cosmovisiones y perspectivas de los pueblos indígenas es una oportunidad para explicar y esclarecer lo ocurrido durante el conflicto armado interno, y para superar las narrativas coloniales históricas que aún persisten y que han menoscabado y deshumanizado a los pueblos étnicos a lo largo de la historia. Es una contribución a la no repetición de estos hechos, a la paz y al reconocimiento de la diversidad étnica y cultural del país.

PUEBLOS INDÍGENAS DE COLOMBIA

1'905.617 personas

Es la población indígena de Colombia, equivalente al 4,4% de la población colombiana.

Hay 115 Pueblos Indígenas en el territorio nacional.

De estos, 68 están en riesgo de exterminio físico y cultural.

De las 111,5 millones de hectáreas del territorio nacional,

32 millones de hectáreas pertenecen a Pueblos Indígenas.
Fuentes: Unidad para las Víctimas, Censo Nacional de Población y Vivienda, Censo Nacional Agropecuario DANE, Corte Constitucional, ONIC, CODHES y Red Nacional de Información.

Mapa territorios Indígenas de Colombia

Explora en detalle los territorios indígenas y las zonas de reserva natural de Colombia haciendo clic sobre cada una de las zonas resaltadas del mapa.

IMPACTOS DEL CONFLICTO ARMADO EN LOS PUEBLOS INDÍGENAS DE COLOMBIA

Los Pueblos Indígenas han sufrido la guerra de manera individual y colectiva.

Desplazamiento forzado, amenazas y confinamiento.

Las 3 victimizaciones que más han sufrido los y las indígenas colombianos.

362.795 personas indígenas están registradas como víctimas de desplazamiento forzado.

Según el RUV (fecha de corte: septiembre de 2020).

En Colombia hay 384.886 víctimas indígenas.

Lo que corresponde al 4,25% del total de 9'048.515 víctimas del conflicto armado.

Mujeres: 199.947 Hombres: 184.797

LGBTI: 116 - Intersexuales: 26

1.490 mujeres indígenas

Han sido víctimas directas de delitos contra la libertad y la integridad sexual.

De 2014 a 2016, durante el proceso de negociación de paz entre el Gobierno Nacional y las FARC-EP:

58 indígenas fueron asesinados y hubo 11.644 violaciones a los derechos humanos e infracciones al DIH contra los Pueblos Indígenas.

Fuentes: Unidad para las Víctimas, Censo Nacional de Población y Vivienda, Censo Nacional Agropecuario DANE, Corte Constitucional, ONIC, CODHES y Red Nacional de Información.
En la masacre de Bahía Portete, ocurrida el 18 de abril de 2004 en La Guajira, fueron asesinadas seis personas, entre ellas cuatro mujeres. Esto generó el desplazamiento forzado de más de 600 indígenas wayúu. ¿Habías escuchado sobre este hecho? Tal vez alguien a quien conoces le interese esta verdad.
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Año tras año, a través del Yanama, los wayúu practican un ritual colectivo en búsqueda del bienestar, con el que reclaman verdad, justicia y reparación.
La deforestación, el conflicto armado, la exclusión estructural, los cultivos de uso ilícito, las fumigaciones aéreas y las industrias de extracción y agroindustriales siguen generando desplazamiento forzado y han puesto a los Pueblos Indígenas en riesgo de extinción física y cultural.
Kimy Pernía Domicó nació en 1950 a orillas del río Kuranzadó (río Esmeralda), en Tierralta, Córdoba
Fue líder de la comunidad Embera Katío en el Alto Sinú, donde luchó por la defensa de su territorio y la protección del medio ambiente.
Ante los impactos ambientales y la falta de consulta previa del proyecto de construcción de la represa hidroeléctrica Urrá 1, hizo una campaña internacional de denuncia.
En 1998, interpuso una acción de tutela para proteger los derechos ambientales y culturales de su pueblo, así como su derecho a la consulta por los impactos de la hidroeléctrica, y la ganó.
Pero asesinaron a sus compañeros Alonso y Lucindo Domicó y se intensificaron las amenazas contra él. En 1999, convocó la Gran Marcha Embera hacia Bogotá.
Un sábado de junio de 2001, un grupo de paramilitares lo secuestró en Tierralta, lo desapareció y después arrojó su cuerpo al río Sinú.
En 2007, en el marco de Justicia y Paz, en versión libre, el jefe para militar Salvatore Mancuso admitió la responsabilidad sobre su muerte. Dijo haberlo asesinado por orden de Carlos Castaño, por oponerse a la represa de Urrá.
En septiembre de 2020, en un encuentro telefónico con la comunidad Embera, representantes de la Comisión de la Verdad y de la Comisión Intereclesial, Mancuso pidió perdón y afirmó su voluntad de entregar la verdad completa sobre este hecho.
La comunidad Embera Katío exige la verdad sobre la responsabilidad de la empresa Urrá I y sobre la desaparición forzada y el asesinato de su líder Kimy Pernía Domicó.
Hasta finales de los años sesenta, en la región de la Orinoquía tuvieron lugar las guahibiadas, política de exterminio físico de Pueblos Indígenas mal denominados guahibos. Esta práctica de racismo estructural de la sociedad llanera naturalizó el asesinato de indígenas a manos de colonos, terratenientes, funcionarios públicos y, en general, de una gran parte de la población de la región, en su interés por controlarlos y despojarlos de sus territorios. Estos actos fueron ignorados por el Estado colombiano y, en algunos casos, contaron con su complicidad.
Los territorios de los Pueblos Étnicos en general y los Pueblos Indígenas en particular tienen un valor estratégico para el país, al ser espacios de conservación del bosque y de los recursos naturales. Esto explica, en gran medida, por qué han sido escenarios de disputa en diversos momentos de la historia y en el marco del conflicto armado interno de los últimos 50 años.

Mapa corredores

Dentro del continuum de violencias del conflicto armado se ha identificado que existen 17 corredores geográficos, donde los grupos armados han tenido una presencia histórica y donde se han dado los epicentros de la confrontación armada en territorios de los pueblos étnicos. Descarga el mapa para conocer los territorios que comprenden.

Los megaproyectos extractivistas en el contexto del conflicto armado han afectado profundamente a las comunidades indígenas a lo largo y ancho del territorio nacional.
El conflicto armado también ha afectado las tradiciones, el territorio y el buen vivir de las comunidades indígenas. ¿Conoces a alguien que pertenezca a alguna? Comparte este especial para que #LaVerdadIndígena sea conocida ampliamente.
Los Jiw son originarios del Guaviare, pero actualmente muchas de sus comunidades se encuentran desplazadas por la violencia. Según el censo de 2018, el pueblo Jiw está integrado por 2.960 indígenas asentados en 7 resguardos. Han conformado 10 asentamientos compuestos por familias víctimas de desplazamiento forzado, ubicados en los municipios de San José de Guaviare, Mapiripán y Puerto Gaitán (Meta). El llamado del pueblo Jiw es el de un retorno en condiciones acordes a la preservación de su dignidad y autodeterminación, garantizando la realización de su Plan de Vida.

AFRONTACIONES Y RESISTENCIAS DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS

A pesar de haber sido profundamente afectadas por el conflicto, las comunidades indígenas en Colombia han afrontado sus impactos desde sus cosmovisiones particulares, sus creencias y su capacidad organizativa.
Tras el asesinato de su esposo José Edwin Legarda, ocurrido el 16 de diciembre de 2008, la lideresa indígena Aída Quilcué Vivas luchó por la verdad sobre las responsabilidades del hecho. Su triunfo en el proceso penal determinó que fueran condenados un sargento viceprimero, un cabo tercero y cuatro soldados del batallón José Hilario López, de Popayán. Aída reflexiona sobre la relación entre los pueblos indígenas y el Estado.

La Guardia Indígena: cuidadora del territorio y la vida

Fotorrelato

La Guardia Indígena colombiana es una forma de organización ancestral de los pueblos indígenas para la protección colectiva no violenta. Su objetivo es la defensa de los derechos humanos, el territorio, la autonomía y la cultura propia frente a los fuertes impactos del conflicto armado en su territorio y ante otras violencias.

NO REPETICIÓN

La Comisión de la Verdad considera una oportunidad histórica contar con la participación, las voces y perspectivas de los pueblos étnicos, que permitan el esclarecimiento de lo ocurrido en el conflicto y que a su vez contribuyan a superar narrativas coloniales históricas que aún persisten. Lo anterior es una contribución a la no repetición de estos hechos, a la paz y al reconocimiento de la diversidad étnica y cultural del país.
La comisionada Patricia Tobón Yagarí, comparte pautas para la no continuación del conflicto armado y llama al reconocimiento del papel que cumplen los 17 corredores del conflicto que ubican su epicentro en territorios indígenas.
Francisco de Roux, presidente de la Comisión de la Verdad, expresa el profundo respeto con el que se acoge y recibe la verdad de los Pueblos Indígenas, recogida de primera mano de estos “hermanos originales” que portan esa verdad de Colombia, necesaria para una reconciliación nacional.
Alejandro Castillejo, comisionado de la verdad, habla sobre la deuda histórica que enfrentamos como sociedad por entender las múltiples violencias (entre las que el Conflicto Armado es apenas una de ellas) y los daños históricos sufridos por las comunidades indígenas, estigmatizadas a veces bajo el rótulo de “obstáculos al desarrollo”.
La comisionada Alejandra Miller recalca la importancia de reconocer el daño causado a las comunidades indígenas y a su territorio, al tiempo en que lanza una recomendación para la No Repetición: para avanzar hacia la paz necesitamos lograr diálogos de paz con aquellos actores armados que aún siguen en los territorios, sumiendo a las comunidades en la “desarmonía”.
Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición. 2020