El escenario que se configuró luego de la desmovilización de las AUC fue el primer empujón hacia un nuevo ciclo de fragmentación local y regional del conflicto armado. El segundo, que profundizó este fenómeno fue la desmovilización de las FARC-EP en 2016. En la guerra colombiana, cada vez que una estructura armada ligada al narcotráfico (como las AUC) deja de existir, rápidamente es reemplazada por otras, así el crimen organizado se presenta como una serpiente de muchas cabezas. Aunque el gobierno ha capturado y extraditado a casi todos los capos, no se resuelve el problema. Esta estrategia ha demostrado ser insuficiente pues no desmantela las estructuras, sus redes y el negocio del narcotráfico.
Muchos mandos medios de las AUC no pudieron reintegrarse completamente a la vida civil y fueron el embrión de los grupos sucesores del paramilitarismo, trasladando lo aprendido en la guerra a estas nuevas estructuras que combinan viejos legados con nuevos contextos. Asimismo, al no poder garantizar una presencia integral del Estado en el territorio en medio del rearme y el surgimiento de estos grupos, una vez más, generaciones de jóvenes de estas regiones golpeadas por la violencia fueron empujadas a engrosar las filas de los grupos armados en este nuevo escenario de la guerra.
Desde 2006 y dado que la persistencia y emergencia de las organizaciones sucesoras del paramilitarismo ponía en juego el prestigio alcanzado por la política de Seguridad Democrática, desde el segundo periodo de 2006, el Ministerio de Defensa incluyó a estas estructuras dentro de los objetivos militares y creó el Plan Operativo Contra Bandas Criminales, que buscaba enfrentar este fenómeno mediante una acción coordinada de las las Fuerzas Militares, DAS y Fiscalía.
Desde los primeros momentos en que emergieron o se consolidaron estos grupos sucesores del paramilitarismo, uno de los principales desafíos que ha venido enfrentando este problema es que no existe un consenso sobre cómo caracterizar este fenómeno. Se suele construir una falsa dicotomía sobre si son eminentemente criminales o están movilizados por algunos intereses políticos. Como ha querido mostrar el conjunto de este barrido histórico, esta falsa dicotomía es una de las principales camisas de fuerza para solucionar el problema de los ejércitos privados del narcotráfico en Colombia cuya existencia ya cumple más de 40 años.
Estas organizaciones al igual que sus antecesoras, controlan territorios e intentan influir en la vida social de las comunidades, incluso, antiguos actores que se beneficiaron del proyecto paramilitar siguen apoyándose de estos aparatos armados para mantener el poder y desplegar sus intereses.
Aunque no es muy claro si los atributos clave que definen al paramilitarismo se mantienen en estos nuevos grupos, es decir, una clara vocación contrainsurgente o un estatus de semilegalidad dentro del Estado, es evidente que hay rasgos que permanecen y se van transformando, tales como la presencia territorial, la financiación, los mandos medios y altos de estas estructuras vienen del paramilitarismo. Esta es una realidad que se debe afrontar para cerrar el nuevo ciclo de violencia que está en curso.