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Un nuevo contrato social en medio de la guerra
La Constitución de 1991 fue un hito sin precedentes para ampliar la comunidad política y construir un Estado bajo pilares más democráticos e incluyentes que los de la carta de 1886. A pesar de las transformaciones institucionales, uno de los estamentos que menos cambió fue el militar, asunto que traerá consecuencias para la guerra. Si bien hubo profundos avances democratizadores, no todos los grupos armados pudieron ser incluidos en el proceso constituyente: las guerrillas más fuertes militarmente (FARC y ELN) quedaron fuera luego de varios intentos por incluirlas y los grupos paramilitares atravesaron una nueva etapa luego de la guerra de Pablo Escobar contra el Estado.
Desde antes de su posesión el 7 de agosto de 1990, toda la energía del nuevo presidente César Gaviria se concentró en tejer acuerdos básicos para la Constituyente. Tenía tres desafíos: primero, intentar que todas las guerrillas participaran, pues la Coordinadora Guerrillera Simón Bolívar se había roto y las FARC-EP, el ELN y un sector del EPL estaban renuentes a dejar las armas. Segundo, frenar la guerra contra el Estado y la sociedad por parte de Pablo Escobar, el narcotraficante responsable del asesinato de Luis Carlos Galán. Tercero, desactivar la máquina paramilitar del Magdalena Medio y Urabá y, con ello, meter bajo la cintura civil a un ejército desprestigiado y permeado por el narcotráfico en esas y otras regiones.
