Debido a las múltiples denuncias de violaciones de derechos humanos, respaldadas por obispos, arzobispos, rectores universitarios, excancilleres y periodistas, la Cámara de Representantes designó una comisión para investigar la tortura. Aunque esta comprobó que sí hubo torturas, el Gobierno planteó que las Fuerzas Armadas se comportaron con vocación democrática, por lo que desestimó el informe y sus recomendaciones.
En marzo de 1979 se realizó el Primer Foro Nacional de Derechos Humanos, el cual dio origen al Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos (CPDH). Amnistía Internacional realizó una visita a Colombia en enero de 1980 y publicó un informe en el que respaldó la versión de las víctimas y afirmó que en el país «se tortura a presos políticos en las dependencias militares, en una medida tal que no se pueden considerar como casos excepcionales y fortuitos sino al contrario, como una práctica sistemática»*. Por su parte, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) realizó su primera visita a Colombia en abril de 1980. Tanto Amnistía como la CIDH recomendaron levantar el estado de sitio y derogar el Estatuto de Seguridad.
Lo anterior sentó las bases del movimiento de derechos humanos en Colombia, una de las plataformas más influyentes de la sociedad civil, que puso la problemática del país en el radar internacional.