Para finales del 2002, las FARC-EP tenían en su poder a 34 oficiales y suboficiales del Ejército y la Policía; a 22 dirigentes políticos entre congresistas, gobernadores y alcaldes. A eso se sumó el secuestro de tres contratistas norteamericanos el 13 de febrero de 2003, lo que le dio argumentos a Estados Unidos para involucrarse de manera directa en operaciones de rescate, mientras para la insurgencia entraban en la lista de «canjeables». Las FARC-EP proponían que el intercambio de prisioneros fuera un mecanismo permanente porque la guerra no tenía un horizonte de final. El gobierno, por su parte, apostó por el camino militar: los rescates a sangre y fuego.
Piedad Córdoba exsenadora liberal le contó a la Comisión de la Verdad cómo se desarrollaban estas operaciones y las dificultades que debían sortear. Alan Jara, exgobernador del Meta que estuvo secuestrado durante ocho años, recordó lo vivido como una encrucijada cruel.