Había varias razones por las que las Autodefensas Unidas de Colombia- AUC debían desaparecer. Primero, que el Plan Colombia estaba en pleno funcionamiento y prometía un incremento en las capacidades y tamaño de la Fuerza Pública. Segundo, acababa de entrar en función la Corte Penal Internacional (CPI), cuyos ojos estaban puestos en Colombia y los crímenes de las AUC podían ser considerados de lesa humanidad. De hecho, en 2004 la fiscalía de ese tribunal abrió un examen sobre Colombia que duró 17 años. Tercero, las AUC ya habían llegado al tope de su acumulación de poder en medio de una gran fragmentación interna entre bloques que habían sido vendidos por Vicente Castaño a narcotraficantes.
El exjefe paramilitar Salvatore Mancuso dijo en el marco de la Comisión de la Verdad que: «no hubo venta de franquicias, ¿qué sucedió? Hubo regiones que estaban tan abandonadas por el Estado que no hubo forma de financiar la guerra en la zona, sino a través de todas esas economías ilegales» («Contribución a la verdad y reconocimiento de responsabilidades: Salvatore Mancuso y Rodrigo Londoño», 4 de agosto de 2021).
De cualquier manera, los narcotraficantes eran dueños de los bloques que antes estaban bajo las órdenes de Carlos Castaño. Parte del interés de los narcos en comprar bloques paramilitares, además de garantizarse las rutas, era comprar la red de alianzas con organismos del Estado, en particular con la Fuerza Pública, que les garantizaba relativa intocabilidad.