En los años 90, la cantidad desbordada de dinero producto del tráfico de drogas les permitió a los grupos armados construir verdaderos ejércitos. Los narcotraficantes que salieron victoriosos de la guerra contra Pablo Escobar (Hipervínculo a hito 12) buscaron no solo incrementar su capacidad militar y económica sino cooptar el poder político. Las nuevas reglas de juego en materia electoral -producto de la descentralización, la Constitución del 91 y la reforma política del 94- fueron el terreno propicio para la entrada de dineros del Cartel de Cali y sus aliados a varias campañas al Congreso y a la Presidencia de la República.
Mientras los narcotraficantes cooptaban el poder político, emergió un nuevo actor social y político en los territorios: el campesinado cocalero. El problema de los cultivos de coca fue tratado como un problema de orden público y no como un asunto que merecía la formulación de políticas públicas a distintos niveles. La represión contra este campesinado contrastó con la connivencia y el silencio en algunos círculos de poder frente a los capos de la droga.