Los procesos de diálogo social y esclarecimiento fueron la base para garantizar el derecho a la verdad de las víctimas y del resto de la sociedad como un bien público esencial para la democracia y el buen vivir de las generaciones actuales y futuras. Bajo esta comprensión, la Comisión siguió una serie de principios ético-políticos que orientaron su forma de trabajar durante los casi cuatro años de mandato:
Una vez formalizada como entidad del Estado con unos principios definidos, la Comisión inició las primeras acciones durante su periodo de alistamiento y los primeros meses de su mandato. Durante esta etapa enfocó sus esfuerzos en desarrollar la metodología que la guiaría, realizar la consulta previa con los pueblos étnicos, desplegar sus procesos en distintas regiones y en el exterior, conformar equipos territoriales, nacionales e internacionales para la búsqueda de la verdad e iniciar las primeras acciones para la investigación y el diálogo social.