Después de promulgada la Constitución de 1991, el impacto que tuvo la apertura económica en el sector agrario y particularmente en el campesinado aún es tema de controversia entre académicos y políticos. Lo que sí es un hecho probado es que durante la década de los noventa la migración de trabajadores agrarios hacia los cultivos de coca creció de manera constante.
Los trabajadores, otrora recolectores de café, se establecieron en regiones al oriente y al sur del país, que hasta el comienzo de los noventa eran conocidas como «territorios nacionales» y después fueron convertidas en departamentos. Estos territorios eran considerados como márgenes de la nación y se caracterizaban por su poca densidad poblacional y su lejanía con el centro del país.
En Bolivia los campesinos cocaleros se habían convertido en un actor social y político determinante para, entre otras cosas, evitar la fumigación de la coca. La experiencia de los bolivianos, liderados por Evo Morales, gravitaba entre los colonos del sur de Colombia. La gran diferencia es que allá no había una guerrilla como las FARC-EP y por tanto el desenlace de ambos movimientos fue muy distinto.
En Colombia la apertura económica permitio un «redescubrimiento» de los territorios por parte de los capitales nacionales y extranjeros, legales e ilegales. Las guerrillas se afincaron en territorios donde podían controlar las rentas principales y desde allí organizar su nueva estrategia de acumulación de fuerzas y toma del poder.
Para mediados de los noventa los cultivos de coca en Colombia mostraban una tendencia creciente, mientras en Perú y Bolivia eran cada vez menos. Esos dos países, por cierto, nunca aceptaron la fumigación como método para erradicar la coca considerada ilegal.