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Los frenos constitucionales al gobierno
Mientras el presidente conducía su primer Consejo Comunitario, decretó el estado de conmoción interior con el objetivo de adoptar medidas para el control del denominado «orden público». La primera de estas medidas estuvo dirigida a la creación del «impuesto para preservar la seguridad democrática», también conocido como el impuesto para la guerra. Días después se firmó el Decreto 2002 de 2002, el cual reguló la figura de las «zonas de rehabilitación y consolidación», llamando así al «área geográfica afectada por acciones de grupos criminales y en las cuales se ejercería el control de operaciones por la Fuerza Pública».
En noviembre de 2002, el Ejecutivo intentó prorrogar el estado de conmoción interior durante 90 días más y extender las zonas de rehabilitación y consolidación a otros municipios de Bolívar, Sucre y Arauca. Esta última se incluía con la idea de proteger el inicio y el desemboque del oleoducto Caño Limón-Coveñas. Sin embargo, la Corte Constitucional no validó la segunda prórroga ni el Estatuto Antiterrorista que aprobó el Congreso, que era una reedición del Estatuto de Seguridad del gobierno de Turbay Ayala.
