Al principio el gobierno Santos inyectó recursos y burocracia para sacar adelante la Ley de Víctimas. Pero poco a poco se fue disminuyendo, cumpliendo con el patrón histórico de falta de continuidad en la implementación de los planes de rehabilitación en tiempos de post conflicto. Para 2019 sólo habían sido indemnizadas aproximadamente el 12% del total de víctimas registradas. Esto significa que, de seguir los ritmos de implementación de los primeros 8 años, se necesitaría de hasta 50 años para cumplir las metas de reparación necesarias.
Al mismo tiempo, hubo serias limitaciones a los alcances del proceso de restitución desde el mismo gobierno que impulsó figuras favorables a la acumulación de tierras –especialmente de baldíos- como los Proyectos Especiales de Desarrollo Agropecuario y Forestal (Pedaf), declarados inconstitucionales, las Áreas Estratégicas Mineras (AEM), los Proyectos de Interés Nacional y Estratégico (Pines) y las Zonas de Interés de Desarrollo Rural, Económico y Social (Zidres). Estas figuras, tal y como ocurrió con la reforma agraria del gobierno de Lleras Restrepo, volvió intocables algunos de los proyectos económicos a gran escala a pesar de los múltiples cuestionamientos existen sobre ellos.