Álvaro Uribe enfocó sus críticas a la Ley de Víctimas en tres puntos: la ley reconoció la existencia de un conflicto armado interno en el país; reconoció que el Estado también ha producido víctimas, y reconoció el inmenso despojo de tierras que fue realizado de manera oportunista por sectores que generalmente apoyaron las políticas de seguridad democrática. En particular la tierra era el botín de guerra de los paramilitares y sus aliados. Para Santos, la paz no se podía construir sobre la base de la legalización del despojo. Desde entonces, la restitución tierras ha sido un largo proceso con luces y sombras, que ha contado con la oposición jurídica, política y violenta de los beneficiarios de la guerra.