Entre 1991 y 1993 operó en Barrancabermeja la Red de Inteligencia 07 de la Armada Nacional, compuesta por miembros activos que actuaban junto a colaboradores civiles o informantes, algunos de los cuales pertenecían a grupos paramilitares. Esta alianza desató un proceso de persecución y exterminio de líderes comunitarios, campesinos, sindicalistas y defensores de derechos humanos. La Comisión de la Verdad documentó 68 víctimas de esta Red, entre las que se encuentran cuatro integrantes de la organización defensora de derechos humanos Credhos, un periodista, un líder de la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos-ANUC y 14 sindicalistas. Varias de estas personas eran a su vez militantes de movimientos políticos como A Luchar y la Unión Patriótica. La mayoría de los crímenes fueron masacres ocurridas mientras las víctimas departían en restaurantes, billares o bares.
En 1991, el gobierno colombiano creó un sexto brazo del ejército: un sector de inteligencia. El presupuesto entre 1992 y 1996 para este sector fue de $304 millones de dólares. La red de comunicaciones continuó creciendo para recopilar información de inteligencia recopilada por las fuerzas armadas, la policía y el DAS.