El 2 de noviembre de 1995 el presidente Samper decretó el Estado de Conmoción interior a raíz del asesinato de Álvaro Gómez. La medida se prolongó por ocho meses durante los cuales se emitieron nueve decretos que le daban amplias facultades a la Fuerza Pública para controlar los departamentos del Guaviare, Vaupés, Meta, Vichada y Caquetá, que eran considerados zonas especiales de orden público. Esta sería la entrada de los militares a la guerra contra las drogas, que hasta ese momento era dominio de la Policía. Como si fuera poco, la batalla contra los narcóticos se daba en territorio hostil para los soldados: no solo eran territorios controlados por la guerrilla, sino que los campesinos, agredidos por la ley que los criminalizaba, no vieron con buenos ojos la presencia militar en estas regiones. En la práctica, los militares se comportaban como parte de un ejército de ocupación.