Entre 1983 y 1993 el país legisló algunas de las reformas políticas más demoledoras para los “feudos electorales” y más convenientes a élites políticas emergentes. La ley 14 de 1983, la 50 de 1984, las leyes 11 y 12 del 86 y los decretos reglamentarios del 86 y el 87, hacen de Colombia un país pionero en políticas de descentralización. Aunque la implementación de algunas de ellas se concretó a inicios de los años noventa, la descentralización política (ley 78 de 1986) y fiscal en los ochenta impactó de manera significativa la política local de la época.
En la práctica, la descentralización fiscal aumentó el valor de control sobre alcaldías y concejos municipales ad portas de la elección popular de alcaldes (antes asignados según las mayorías obtenidas por un partido en la elección de concejales) que permitía el libre ingreso de nuevos competidores a la administración de los recursos y competencias que se entregaban al nivel local.
La descentralización fue una necesidad propia de la dinámica política y la construcción de Estado, al tiempo que un resultado del proceso de paz, en especial del nacimiento de la UP como puente para que las FARC-EP salieran de la guerra hacia la política. Así lo expresó Jaime Castro a la Comisión de la Verdad: «Yo decía que uno de los instrumentos para lograr la paz era descentralizar para poderle ofrecer a la guerrilla desmovilizada que aspirara a alcaldías, a gobernaciones, a todas esas vainas sin necesidad de estar peleando en el monte». (Entrevista 1272-PR-03610. Hombre, funcionario del gobierno de Betancur)
La descentralización fortaleció las finanzas de los municipios, les permitió recaudar impuestos y les dio mayor autonomía y poder . La disputa en las regiones ya no era sólo ideológica o política, sino por rentas. En ese escenario de apertura entraba un nuevo competidor a la arena local: la UP.