La criminalización del consumo

En Colombia no solo se ha perseguido al campesino cultivador, sino que la criminalización del consumo, el porte y el comercio de estupefacientes, establecida en la Ley 30 de 1986, ha derivado en que las cárceles estén llenas de personas con delitos menores por porte o venta de drogas, incluida la base de coca. Aunque desde 1994 la Corte Constitucional declaró legal el porte de la dosis mínima, en la práctica se ha hecho imposible diferenciar esto del comercio al menudeo. La población carcelaria aumentó 74 % desde 1972 y creció 141% entre 2000 y 2015, específicamente la población encarcelada por delitos de drogas aumentó 289%. El impacto de estas políticas también ha tenido una diferenciación por género. Casi cinco de cada diez mujeres en prisión están detenidas por delitos de drogas. De estas, solo una ha cometido una conducta violenta o pertenece a una organización criminal.

Lea acá el relato histórico: No Matarás 

Crédito de la imagen: Emanuel, Hector, 2003, sin código, Familia cocalera. «Esta familia de cuatro integrantes maneja una finca cocalera. Con la ayuda de familiares y vecinos, siembran, cosechan y producen pasta de coca que se utiliza para la producción de cocaina. Ganan alrededor de USD$1000 anuales, después de gastos. Algunas de sus principales preocupaciones son las fumigaciones del gobierno, redadas de la policía, y hostigamientos tanto de la guerrilla como de grupos paramilitares».