El 7 de febrero de 2003, a las 8:15 p.m, las FARC-EP pusieron un carro bomba en el club El Nogal, en la zona norte de Bogotá. Era un acto de violencia indiscriminada. A esa hora el club estaba rebosante de personas que iban a hacer deporte, a cenar o a beber unas copas. Los 200 kilos de explosivos mataron a 33 personas, todas civiles, y 198 quedaron heridas, entre empleados y socios. Si las FARC-EP buscaban un reconocimiento político internacional como fuerza beligerante, este tipo de hechos las alejaron de ello. Por el contrario, las ancló a la lista de organizaciones terroristas internacionales por más de dos décadas.
Algunas de las víctimas y los propios excombatientes de las FARC-EP han justificado el atentado con el argumento, sin pruebas hasta el momento en el que se produce este informe, de que algunos funcionarios del Gobierno se reunían allí con los jefes paramilitares. Esta versión la han recogido algunos sobrevivientes. Una de ellas le dijo a la Comisión de la Verdad que «ahí se encontraban todos los jugadores, ese era como el campo de Batalla, FARC-EP, AUC y Estado, todos los jugadores estaban ahí, estaban jugando y nosotros estábamos sirviendo casi de pelotas ahí para todo el mundo». (Entrevista 673-HV-00068. Víctima, activista por la reconciliación)
Sin embargo, aunque esto fuera cierto, no justifica una acción terrorista indiscriminada de esta magnitud y, de hecho, resulta ofensivo con las víctimas, que rechazan esta versión.