Pablo Escobar, una nube gris que se cernía sobre la Constituyente, terminó socavando profundamente la esperanza de que un país más pacífico emergiera de ese esfuerzo democrático. Desde finales de 1986 un grupo de narcotraficantes liderados por Escobar le había declarado la guerra al Estado colombiano, en oposición al restablecimiento de la extradición impulsado por el presidente Virgilio Barco. Para 1990, los Extraditables sumaban 623 atentados que dejaban 402 civiles muertos, 1.710 heridos y 550 policías asesinados. La inseguridad y el miedo se sumaban a la sensación de que el Estado estaba perdiendo esa guerra.