Tras cuatro años de negociaciones, el 24 de agosto de 2016 se logró un Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto entre el Gobierno y las FARC-EP, que se firmó solemnemente en Cartagena el 26 de septiembre. Para los exguerrilleros el acuerdo que se logró no incluye todas sus demandas de cambio social, pero es «el mejor acuerdo que pudimos sacar nosotros desde la insurgencia y es el mejor acuerdo que pudieron sacar ellos desde el establecimiento. Hay cosas que no nos gustan, ni a uno, ni a otro, pero pues no se podía más». (Entrevista 311-PR-03101. Actor armado, miembro del equipo negociador de las FARC)
En palabras de la filósofa belga Chantal Mouffe*, se trataba de pasar del antagonismo que reconoce en el otro a un enemigo que hay que eliminar, a un agonismo que reconoce en el otro a un adversario legítimo en el debate democrático *(Mouffe, En torno a lo político).
Los discursos pronunciados por Juan Manuel Santos y Rodrigo Londoño -conocido como Timoleón Jiménez, máximo jefe de las FARC-EP - en la firma del Acuerdo Final en Cartagena son el reflejo del cambio narrativo que tuvieron las partes en los cuatro años de conversaciones. Estos discursos distan de la desconfianza y autoafirmación del inicio de los diálogos. El relato de los líderes de las partes no se basó en una justificación hacia el accionar de cada grupo, sino que se fundamentó en el valor de la paz. Londoño inició su discurso con la siguiente frase: «Nuestra única arma será la palabra».
En estos discursos quedaba claro que el Acuerdo no era una declinación ideológica, sino una declinación de la confrontación armada. Tanto Santos como Londoño reconocieron las diferencias políticas con su adversario. Sin embargo, al firmar el Acuerdo Final también aceptaron la legitimidad de las ideas de la contraparte y se alistaron para el debate político. Esta postura tiene una impronta democrática que le ratificó al país que no necesariamente todo vale. En aras del bien común, el proceso de paz se presentaba como el tránsito a una nueva etapa en la que las ideas no tendrían que suponer la victimización de la ciudadanía.