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El problema de la tierra
El latifundio
En Colombia, como en toda América, los campesinos y pueblos étnicos estaban agobiados con los sistemas de explotación que las grandes haciendas heredaron de la colonia. De tiempo atrás, el Estado había sido incapaz de resolver el problema sobre la propiedad de la tierra, lo que hizo que unos pocos se adueñaran de las zonas más productivas: las tierras bajas en las vegas de los ríos, que fueron utilizadas para la ganadería extensiva.
Algunas leyes, lejos de resolver el problema de la tierra, lo agudizaron. Una de ellas fue la Ley 55 de 1905, en la que las tierras de antiguos resguardos fueron cedidas a los municipios para su remate a particulares, que eran en la práctica quienes tenían mayor poder económico y político. —en regiones como el Caribe, principalmente inmigrantes árabes y europeos—.Mientras ocurría esta forma de despojo, la selva era devastada. Durante los años veinte del siglo pasado en el Pacífico había dos decenas de aserríos en las desembocaduras de los ríos, lo que incentivó la «proletarización» de comunidades negras.
En gran parte del país primaba el latifundio en diversas modalidades de hacienda, mientras los campesinos eran jornaleros o en algunos casos dueños de minifundios que daban apenas para comer. En la mayoría de las regiones cafeteras los campesinos no podían sembrar su propio grano, pues debían trabajar como mano de obra barata de grandes hacendados, que amarraban su fuerza laboral con deudas y contratos de arrendamiento impagables. No tenían derecho al voto ni a la propiedad. No eran, en sentido estricto, ciudadanos. Menos aún las mujeres y los niños, cuyo trabajo era subvalorado, invisible y forzado.
Con frecuencia, los campesinos tuvieron choques con la Policía y el Ejército, instituciones que apenas estaban en proceso de formación y defendían a los grandes propietarios de la tierra. En el sistema que imperaba, los hacendados eran al tiempo los representantes políticos de las regiones, pues solo votaban los varones blancos que sabían leer y escribir. De su lado estaban también los alcaldes, notarios, jueces y la Iglesia católica. Esto les sirvió a los hacendados para apropiarse de terrenos baldíos, «clarificar» límites de sus propiedades y respaldar estas usurpaciones con apoyo jurídico y político.
