El Estado colombiano ha sido moldeado para la guerra. Las instituciones, con notables excepciones, actúan en guerra, con marcos discursivos de guerra. Durante la guerra, la fuerza pública se convirtió en un cuarto poder, pero también en una especie de comunidad endógena con áreas opacas e impenetrables. Igualmente, se consolidó una tendencia aupada por las élites políticas y económicas de delegar la seguridad y, por ende, la violencia en privados. Esto sucedió por razones obvias, generalmente en sectores poderosos que han usado las armas para proteger privilegios y arrebatar derechos a los más vulnerables y desprotegidos. En términos de seguridad y defensa, ha faltado un enfoque territorial, diferencial, y un mejor análisis de las amenazas y desafíos por fuera de lecturas complotistas. Los problemas de la seguridad y la defensa pertenecen a la nación y no dependen solo de la institución militar. Se requiere una mayor rendición de cuentas y transparencia sobre su ejercicio en democracia.