La justicia logró establecer que algunas redes de inteligencia de las Fuerzas Armadas se organizaron como verdaderos «escuadrones de la muerte» o de «justicia privada» y, como una manera de no dejar rastro de sus crímenes, desde mediados de 1992 empezaron a ser asesinados o desaparecidos varios miembros de la propia Red.