El 13 de septiembre de 1978, un mes después de haberse posesionado, el presidente Julio César Turbay Ayala (1978-1982) expidió el Decreto 1923 a través del cual se adoptó el Estatuto de Seguridad que su antecesor, Alfonso López Michelsen, se había negado a adoptar en medio del paro cívico de 1977. Con este, el Gobierno permitió la violación de los derechos humanos con métodos similares a los de las dictaduras del Cono Sur. Muestra de ello fue la represión a los capturados tras el asalto del M-19 al Cantón Norte de Bogotá en enero de 1979.