En enero de 1995 el presidente Ernesto Samper reconoció la responsabilidad del Estado en los hechos violentos ocurridos entre 1988 y 1990. En el marco del informe de la Comisión de Investigación de los Sucesos Violentos de Trujillo Samper señaló: «Acepto, como Presidente de Colombia, la responsabilidad que corresponde al Estado Colombiano por la acción u omisión de servidores públicos en la ocurrencia de los hechos violentos de Trujillo sucedidos entre los años 1988 y 1990. Acepto como Presidente de Colombia la responsabilidad pecuniaria derivada de estas graves acciones u omisiones del Estado y me comprometo a llevar a consideración del Congreso de la República una ley que faculte al Gobierno Nacional para cubrir estas indemnizaciones, liquidadas de conformidad con las respectivas autoridades nacionales e internacionales» (Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), «Informe No. 68/16»).