En 1958, pocas horas antes de las elecciones que daban inicio al Frente Nacional, un grupo de militares pretendió dar un golpe de Estado. Las tropas leales a la Junta Militar y al inminente nuevo presidente, Alberto Lleras Camargo (1958-1962), apaciguaron la tormenta temporalmente, pero quedaba claro que Lleras no tenía garantizada la lealtad de los militares. Apenas una semana después de ser elegido y aún sin haberse posesionado, el 9 de mayo de 1958, Lleras expuso frente al cuerpo de oficiales del Ejército las bases de la relación entre el poder civil y militar durante su gobierno. En el famoso discurso del Teatro Patria, los llamó a mantener la disciplina y alejarse de la política.
El discurso del Teatro Patria puede considerarse el segundo pacto del Frente Nacional, ya no entre partidos, sino entre éstos y las Fuerzas Armadas. Un pacto que dividió las aguas de la política y el orden público y delegó la política de seguridad en el estamento castrense y lo acompañó además, como lo expresó el propio Lleras, de «privilegios, honras, fueros que no tienen los demás ciudadanos comunes»*. Si bien así se alejaba el riesgo de un ruido de sables, se convertía a los militares en un cuarto poder. En las décadas siguientes esta separación se convirtió en fuente de disputas durante los procesos de paz y las treguas, y excusa para alentar la impunidad (Lleras, Antología, vol. 3, 384).
Esta delegación del «orden público» dio origen también a una ambigüedad en el manejo de los conflictos sociales, dado que bajo este concepto se cubre desde un ataque armado hasta una huelga. En la Constitución de 1886, la noción de orden público estuvo ligada a los principios de la regeneración, que implantó un orden social basado en la exclusión de los contrarios políticos y en la persecución de todo lo que pudiera ser visto como protesta social.
Como el Frente Nacional daba por terminada la guerra, sus líderes entendían la violencia persistente como algo residual. Esto en parte también se explica porque solo fue hasta el 8 de junio de 1977 que las naciones, incluída Colombia, firmaron los protocolos adicionales I y II de Ginebra, que obligaban a usar el Derecho Internacional Humanitario para regular los conflictos armados internos. Sin embargo, Colombia se demoró mucho en ratificarlos (casi 20 años después) y más aún en aplicarlos, pues durante años el Estado se negó a reconocer la guerra como una realidad política y mantuvo el trato a sus adversarios como criminales.