¿Cómo Navegar este website?
El cartel de la Toga
La crisis de la parapolítica transcurría por los canales institucionales y resultaba parte de la verdad que necesitaba el país. La prensa denunciaba, el Congreso funcionaba y el poder judicial investigaba y juzgaba las conductas a pesar de los ataques que recibía. No obstante, la justicia fue infiltrada a través de la compra de fallos. Hacia 2010 se constituyó lo que después se conoció como el Cartel de la Toga.
Los funcionarios involucrados en el Cartel de la Toga desviaban investigaciones y dilataban procesos, conseguían y utilizaban información privilegiada, retardaban los trámites, alteraban evidencias y restaban credibilidad a los testigos a través de medios de comunicación. Todo para favorecer a quienes pagaban por estos «servicios», para obtener decisiones judiciales favorables, que aparentaban ser legales.
Ponerle precio a la justicia generó un sistema perverso, donde también se terminó judicializando a quien no accedía a los pagos exigidos. En este sentido, un exjuez testigo de la operación del Cartel declaró ante la Comisión de la Verdad: «Esa gente no va a tranzarse con 10 ni 20 millones que eso yo los puedo conseguir, pero 200, 300, 500 millones, como sucedió con el señor que le alcanzaron a quitar alrededor de 1.100 millones, porque para una domiciliaria le quitaron 600, y no se la concedieron, y para una revocatoria de una medida le cobraron 500, y tampoco le hicieron nada, o sea que se le robaron 1.100 millones». (Entrevista 582-VI-00068. Exjuez)
Si bien el Cartel de la Toga no se redujo a actuar entorno a los juicios por parapolítica, existe una estrecha relación entre ambas redes, ya que se solicitaban cuantiosas sumas de dinero a políticos, a cambio de cerrar o desviar las investigaciones de la Corte Suprema de Justicia, principalmente en casos de parapolítica o de paramilitarismo. Así, por ejemplo, Álvaro Araújo Castro denunció ante la Comisión de la Verdad haber sido víctima de chantaje por parte del Cartel, que le pidió pagar un soborno de 2.000 millones de pesos a cambio de ser absuelto. Adicionalmente, afirmó que su caso se trasladó de un juzgado ordinario a la Corte Suprema, probablemente en retaliación por no haber pagado dicho soborno. (Entrevista: 237-VI-03006. Exsenador Álvaro Araujo Castro)
Este entramado contó también con la participación de abogados que, a través de sus bufetes, ya habían consolidado buenas redes de apoyo con quienes llegaron al cargo de magistrados.
Como resultado, en la sociedad creció el escepticismo frente a la posibilidad de acceder a la justicia. Así mismo, la consecuente manipulación de los procesos judiciales perpetuó la impunidad, gracias a lo cual los beneficiarios de la parapolítica o sus herederos siguen ganando escaños y puestos en los procesos electorales. En palabras del exmagistrado auxiliar Iván Velásquez ante la Comisión de la Verdad: «(...) no hubo una posición fuerte, real, de la Corte respecto del fenómeno paramilitar y se viabilizó lo que efectivamente ocurrió, particularmente desde las elecciones del 2010, y es que los congresistas que resultaron condenados, continuaron con todo el control territorial que mantenían con las organizaciones paramilitares, continuaron con su clientela y con el manejo de las administraciones locales gracias a la designación [y] a la elección, —en reemplazo de ellos que ya no podían presentarse porque estaban condenados— de sus madres, esposas» (Entrevista: 001-VI-00044. Exmagistrado de la Corte Suprema de Justicia exiliado).
Álvaro Araújo Castro denunció ante la Comisión de la Verdad
haber sido víctima de chantaje por parte del Cartel de la Toga
