El 2 de noviembre de 1995 a las 10:20 de la mañana un comando armado asesinó a Álvaro Gómez Hurtado y sus escoltas. Gómez había sido protagonista de primera línea de la política nacional, varias veces senador y candidato presidencial, jefe máximo de los conservadores y activo crítico del gobierno de Ernesto Samper desde las páginas de El Nuevo Siglo. Luego de su participación en la Asamblea Nacional Constituyente de 1991 y con su oposición al gobierno de Ernesto Samper, Gómez abanderaba un discurso en contra de lo que denominaba el «Régimen» responsable de la corrupción y la decadencia nacional.
A raíz del asesinato de Álvaro Gómez, el presidente Samper decretó el Estado de Conmoción interior. La medida se prolongó por ocho meses durante los cuales se emitieron nueve decretos que le daban amplias facultades a la Fuerza Pública para controlar los departamentos del Guaviare, Vaupés, Meta, Vichada y Caquetá, que eran considerados zonas especiales de orden público. Esta sería la entrada de los militares a la guerra contra las drogas, que hasta ese momento era dominio de la Policía.
Durante más de 25 años la Fiscalía no logró dar con los responsables. Solo hasta octubre de 2020 las FARC-EP reconocieron públicamente haber asesinado a Gómez. Los exguerrilleros de las FARC-EP insistieron en que su asesinato estaba ordenado desde hace varias décadas y que era un cobro por sus posiciones política en los años 60, en torno a las repúblicas independientes y la acción militar sobre Marquetalia. La confesión de las FARC-EP fue rechazada por la familia Gómez que dice tener suficientes evidencias sobre la participación de la mafia en el crimen, en alianza con el gobierno Samper.