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El Acuerdo de La Uribe
El 28 de marzo de 1984 se logró en La Uribe, Meta, un acuerdo que trazaba la hoja de ruta de una negociación entre el Gobierno y las FARC-EP, que conduciría a su incorporación a la vida política.
Cese al fuego
El primer punto del acuerdo de La Uribe era un cese del fuego bilateral e indefinido a partir de la fecha (28 de marzo de 1984). Betancur hizo una alocución televisada donde ordenaba a las Fuerzas Militares cesar toda acción ofensiva, pero paradójicamente nunca se produjo un decreto que la formalizara. Días después, el ministro de Defensa encargado, general Miguel Vega Uribe, emitió una resolución para sus tropas en la que afirmaba que no existían en Colombia territorios vedados para los soldados. Una especie de contraorden a la emitida por el presidente .
El cese no aplicaba para quienes violaran la ley o estuvieran delinquiendo y, aunque se creó un mecanismo de verificación, en la práctica esta se hizo imposible. Desde el primer día tanto guerrilleros como militares se acusaron mutuamente de no respetarlo. Los otros grupos insurgentes como el M-19 y el EPL estaban en plena ofensiva y era difícil saber en cuáles regiones quién había hecho qué. Por ejemplo, mientras las FARC-EP y el Gobierno firmaban el Acuerdo, el M-19 se tomó Florencia, Caquetá, ciudad con más de 150.000 habitantes. La respuesta de Betancur fue declarar el estado de sitio en Caquetá, Meta, Huila y Cauca. Prácticamente los mismos departamentos (excepto por Tolima) donde había sido bombardeado años atrás el movimiento agrario. (hipervínculo a hito 6)
Condena al secuestro
El segundo punto del acuerdo de La Uribe resultó muy importante para que el Gobierno le diera tranquilidad al país: las FARC-EP condenaban y desautorizaban el secuestro por considerarlo una práctica que afectaba la dignidad humana. Para el momento de la firma del Acuerdo, las FARC-EP ya estaban cobrando impuestos a los cultivos y laboratorios de cocaína, lo que les permitía tener ingresos de otras fuentes.
El Plan Nacional de Rehabilitación
El acuerdo de La Uribe contemplaba que luego de un año de haber cesado el enfrentamiento militar, los miembros de las FARC-EP tendrían garantías para «organizarse política, económica y socialmente», con garantías y estímulos otorgados por el Gobierno. Además, señalaba que «durante este mismo período el gobierno tomará las medidas necesarias para restablecer en las zonas de violencia la normalidad civil».
La Ley de Amnistía de 1982 creó el Plan Nacional de Rehabilitación (PNR) y en el acuerdo de La Uribe quedó establecido que «el gobierno dará prelación a los colombianos que han padecido, directa o indirectamente los estragos de la violencia para el restablecimiento de derechos injustamente conculcados como consecuencia de la alteración del orden público y la inseguridad social». El PNR tuvo tres frentes de acción: infraestructura vial, sector agrícola y participación/reinserción. Desde su inicio tuvo problemas presupuestales, aun así se podría decir que fue uno de los logros más importantes del proceso de negociación con las FARC, en parte porque le dio participación a la comunidad en la formulación de proyectos a través de los Consejos Municipales de Rehabilitación.
