Los primeros grupos de autodefensa conformados bajo el Decreto 3398 de 1965 (luego Ley 48 de 1968) estuvieron conformados por propietarios de tierras y caciques políticos, lo cual permitió el establecimiento de órdenes sociales jerárquicos que garantizaron el control y la hegemonía de los más poderosos. Al amparo de estas disposiciones se armaron también los nuevos zares de las esmeraldas, quienes mantuvieron bajo coerción armada el control del occidente de Boyacá, y se armaron los primeros ejércitos privados de narcotraficantes, quienes ya eran un poder económico emergente en parte del Caribe, la Amazonía, el Valle y Antioquia.
Dado el amplio margen de actuación que se les otorgó a estos grupos, muy pronto se convirtieron en grupos ofensivos que actuaron de manera criminal, en contubernio con agentes de la Fuerza Pública.