Uribe planteó desde sus primeras horas de gobierno que solo dialogaría con los grupos armados sobre la base de un cese unilateral del fuego. Durante el segundo semestre de 2002, el Congreso reformó la ley de orden público y se estableció no solo la posibilidad de negociar con los grupos que demostraran un mando responsable y acciones sostenidas, sino la posibilidad de hacer acuerdos parciales o humanitarios. La negociación estaba descartada con las FARC-EP, pues estas buscaban acumular fuerza antes de llegar a una nueva mesa de diálogo. En teoría, la oferta la aceptaron las AUC, quienes en diciembre de 2002 decretaron un cese unilateral del fuego. Como respuesta, Uribe creó una comisión que inició diálogos exploratorios desde enero de 2003, en Santa Fe de Ralito, en Tierralta, Córdoba. Para equilibrar las cargas también autorizó a dos miembros de la Iglesia y al exministro Angelino Garzón, así como al delegado del secretario general de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para buscar un acuerdo para liberar a los secuestrados.