El bombardeo al campamento de Raúl Reyes en 2008, coincide con un contexto político de tensas relaciones diplomáticas entre Colombia y su vecindario. Este panorama estaba marcado, en gran medida, por la situación de orden público en las fronteras.
La presencia guerrillera en zonas de frontera o en territorios internacionales no era una novedad para la época. De hecho, el gobierno de Rafael Caldera, predecesor de Hugo Chávez, le permitió a las FARC tener una oficina en Venezuela con el fin de que este grupo guerrillero dejara de realizar ataques en territorio venezolano. Como afirmó Rodrigo Londoño a la Comisión de la Verdad, «se andaba con más libertad en Venezuela antes que llegara Chávez» (Entrevista 854-PR-02981. Miembro del Secretariado de las FARC).
Para la insurgencia, las fronteras han sido un espacio estratégico para la compra de armamento y el entrenamiento militar. También han sido utilizadas para el cobro de extorsiones a comunidades fronterizas y como corredores geográficos para el abastecimiento y la movilidad de sus estructuras armadas. Lo que cambia con la llegada de gobiernos como el de Hugo Chávez en Venezuela y Rafael Correa en Ecuador es que la situación de orden público en las fronteras adquiere mayor relevancia política en un contexto de difíciles relaciones diplomáticas. Organizaciones como las FARC adquirían protagonismo en medio de una relación diplomática resquebrajada en la que abundaban mutuas acusaciones entre gobiernos vecinos. A pesar de lo anterior, las tensas relaciones diplomáticas hicieron que si bien las guerrillas siguieran utilizando el territorio venezolano y ecuatoriano como retaguardia estratégica, cada vez se prestara más atención a lo que ocurría en estos territorios.