En el gobierno Uribe se iniciaron las primeras operaciones militares en la lógica de «buscar y destruir» al enemigo. Los primeros meses demostraron que, aunque en teoría el centro de gravedad de la política de seguridad democrática era la legitimidad del Estado, esta no sería fácil de cultivar con acciones que estigmatizaron, trataron a la población civil como parte del enemigo y/o estuvieron coordinadas con estructuras criminales. También quedaba planteado para el gobierno Uribe el dilema entre obtener la victoria militar con medios legítimos o bajo la premisa de que los fines justifican los métodos.