El balance final de la reforma agraria de estos años es agridulce. A lo largo de la década de los setenta hubo más de mil tomas de tierra. Entre 1962 y 1986 el Incora adquirió 970.741 hectáreas (aunque solo un 5.4% por expropiación de latifundio improductivo) localizadas especialmente en los departamentos del Caribe (Bolívar, Córdoba, Sucre, Cesar); en Boyacá, Meta, Tolima, Antioquia, Huila y Cauca. Pero la tendencia siguió siendo, como en el pasado, la titulación de baldíos, lo que incidió en la ampliación de la frontera agrícola, la deforestación y la ausencia de infraestructura productiva, social y política. Muchos campesinos obtuvieron un título y poco más. Esto sucedía, en parte, porque las instituciones agrarias eran del reparto burocrático y fueron manejadas por cuotas políticas ligadas a los gamonales regionales.