Terminada la Guerra Fría, el Pentágono y en particular el Comando Sur consideraban que las drogas eran una amenaza a la seguridad regional y que los ejércitos debían enfrentarla. En Washington se empezó a trabajar en un nuevo capítulo de guerra para combatir la producción de narcóticos —la Iniciativa Andina contra las Drogas— que planteaba la lucha contra el narcotráfico como un asunto de seguridad nacional y en consecuencia del ámbito militar. Los gobiernos de Perú y Bolivia se negaron a la militarización de la lucha contra las drogas por los riesgos que esto podría traer en materia de derechos humanos. Colombia no se resolvía a hacerlo, porque en ese momento su apuesta era el sometimiento a la Justicia y Estados Unidos había expresado su decisión de cooperar con esa ruta.